Por 10 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, el Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado que se solicite al Congreso de los Diputados estudiar y hacer un informe valorativo sobre la proposición de Ley Orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que permitiría devolver al órgano de gobierno de los jueces su capacidad para nombrar a los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que le corresponden.
Una capacidad que le fue suprimida con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se llevó a cabo en marzo de 2021, impidiendo que un Consejo en funciones como el actual –lleva tres años y siete meses fuera de su tiempo–, pueda hacer ningún nombramiento de magistrados del Constitucional, del Supremo, de Tribunales Superiores de Justicia y de Presidencias de Audiencias Provinciales.
«El Pleno del CGPJ acuerda: Solicitar al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con la proposición de Ley Orgánica presentada por el grupo parlamentario Socialista para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el aspecto relativo a las atribuciones de este Consejo en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional», dice el acuerdo aprobado.
El acuerdo ha sido adoptado con el voto a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales del grupo conservador José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.
En contra han votado los progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Los votos en blanco han correspondido a Vicente Guilarte (conservador) y Enrique Lucas, quien fue propuesto por el PNV.
TAMBIÉN QUE LA COMISIÓN DE VENECIA DEL CONSEJO DE EUROPA SE PRONUNCIE
El máximo órgano decisorio del CGPJ también ha aprobado solicitar a la Mesa del Congreso que recabe la opinión de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la proposición de ley en ciernes: «Solicitar al Congreso de los Diputados que, en relación con la misma iniciativa legislativa, recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)».
La propuesta de informar a la Comisión Europea quedó fuera ante la inminencia de la publicación de su tercer informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en los veintisiete países que conforman la Unión Europea, entre ellos España.
Un informe que contendrá un diagnóstico del actual estado de cosas en España, que con seguridad no será positivo con un CGPJ como este.
Es altamente improbable que el Congreso de los Diputados vaya a hacer caso a esta solicitud del CGPJ y parelice su decisión de someter a aprobación la modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). Lo que que devolverá al CGPJ esa capacidad, tras su votación en el marco del Pleno sobre el Estado de la Nación, que tendrá lugar entre mañana martes y el jueves.
El CGPJ, en ese escenario, podría tomar la decisión de realizar un estudio –que no un informe, preceptivo cuando es un Anteproyecto de Ley que afecta al Poder Judicial– de esa proposición de ley y darlo a conocer después.
Este Pleno extraordinario también ha acordado remitir tanto al Congreso como al Senado el acuerdo adoptado el pasado 27 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
Un acuerdo que ha tenido mayoría absoluta, aunque no unimidad. 15 vocales han votado a favor y 4 en contra: Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Dice así: “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado dirigirse al Consejo General del Poder Judicial para que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su honda preocupación porque la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, están creando una situación que, de continuar, será insostenible. El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento”.
