El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado por un delito de desobediencia grave a la autoridad y sus agentes a un hombre que se manifestó durante más de un mes a las puertas de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria con un megáfono con el que emitía un sonido a un volumen que contravenía la ordenanza municipal de convivencia ciudadana y que se negó a deponer su actitud cuando los agentes de seguridad le instaron a ello.
La magistrada Carina Marti Ferrer, magistrada-juez sustituta del Juzgado, le ha impuesto por este delito, penado en el artículo 556.1 del Código Penal, cuatro meses de prisión y el pago de las costas procesales.
La sentencia está fechada a 19 de julio (212/2022).
El condenado tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.
LOS HECHOS PROBADOS
La magistrada declara probado que el acusado, desde el 11 de enero de 2021, «exteriorizaba su desacuerdo con el funcionamiento de la administración de justicia en las inmediaciones del edificio judicial situado en la calle Málaga número 2» de Las Palmas de Gran Canaria.
Al cabo de unas semanas, explica la juzgadora, el acusado, para atraer aún más la atención de todo aquel que se encontrarara en las inmediaciones, «decidió servirse de un megáfono y sirena para publicitar su prédica y quejas».
Ha quedado probado que el volumen del sonido que emitía el aparato «era tan fuerte que causaba notables molestias a los usuarios del edificio judicial, a los vecinos de los inmuebles cercanos y a los propios funcionarios que en él desarrollan su labor».
La magistrada explica que el 3 de febrero de 2021, miembros de la Policía Local de la ciudad, ante la descrita actividad del acusado, extendieron una denuncia por quebrantar el artículo 35.15 de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana -poner en funcionamiento aparatos de radio, instrumentos, etc., por encima de los límites de respeto a los demás-, siendo éste apercibido personalmente de que en caso de no cesar en su actividad se le intervendría materialmente el aparato de megafonía.
Posteriormente, el 15 de febrero de 2021, agentes del Cuerpo de Seguridad Local, previo requerimiento personal al condenado de que depusiera su «ruidosa, molesta e insalubre actividad», extendieron tres denuncias, a las 8.45 horas, a las 9.15, y a las 11.20, todas ellas por infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana -la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones- sin que éste acatara la orden recibida, no cesando en el uso de megafonía.
Aquel mismo día, le fue comunicado personalmente el acuerdo del Decanato de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, adoptado en expediente gubernativo 8/2021, de 12 de febrero de 2021, prohibiéndole continuar con la actividad perjudicial que desarrollaba por evidentes razones de salud pública.
La juzgadora relata que también ha quedado probado que la exposición al sonido y ruido era en todos los días anteriores muy superior a la señalada en la ordenanza municipal y que los niveles de ruido eran próximos a los de una zona industrial, estando más de 6 decibelios por encima del máximo establecido.
El 24 de febrero de 2021, a las 7.50, miembros de la Policía Local extendieron propuesta de sanción contra él por superar en más de 15 decibelios el ruido emitido y permitido, advirtiendo expresa y personalmente al ahora condenado que en caso de incumplimiento podría incurrir en un delito de desobediencia, acordando, igualmente, el precinto del aparato generador del sonido, quedando el mismo en poder del acusado.
Sin embargo, ese mismo día, sobre las 8.20, como venía haciendo en días anteriores, hizo uso del aparato de megafonía y sirena, siendo requerido por los agentes de la Policía Local para que les entregara el aparato amplificador del sonido, a lo que «se negó en reiteradas ocasiones, si bien finalmente accedió a ello».
