La Audiencia Provincial de Barcelona juzgará del 17 al 24 de octubre al futbolista brasileño Neymar y a los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por presuntas irregularidades en su fichaje en 2013.
Por supuesta corrupción y estafa en el contrato para su fichaje en el FC Barcelona.
También serán juzgados los padres del futbolista, quien actualmente juega en el París Saint-Germain (PSG).
El caso Neymar se inició tras una denuncia del fondo de inversión D.I.S Esportes e Organizaço de Eventos LTDA, que tenía el 40% de los derechos federativos de Neymar y que se sintió estafado al no haber cobrado todo lo que debía por el fichaje del futbolista al Barça cuando Rosell era presidente y Bartomeu vicepresidente.
La Federación de Asociaciones de Deportistas Profesionales de Brasil, que se suma a D.I.S. en la acusación particular, considera que sus derechos, consistentes en un porcentaje de los derechos de traspaso, fueron igualmente vulnerados por los acusados.
LAS PENAS QUE SOLICITA LA FISCALÍA
La Fiscalía pide dos años de prisión para Neymar y cinco años de cárcel para Rosell, y que se imponga a cada uno una multa de 10 millones de euros.
También acusa a los padres del jugador de delitos de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al futbolista, y reclama dos años de prisión para el padre de Neymar y uno para la madre, y que se multe con 1,4 millones de euros a la empresa familiar N&N.
En la causa también están acusados un representante del Santos FC, para el que el fiscal reclama tres años por estafa, y el FC Barcelona como persona jurídica.
Para el club blaugrana, el representante del Ministerio Público solicita una multa de 8,44 millones por corrupción en los negocios y estafa, mientras que para el club brasileño pide una multa de siete millones por estafa.
El fiscal ha solicitado archivar el caso para Bartomeu, porque, aunque participó en la firma de uno de los contratos, no hay pruebas de que supiera que la negociación se hacía de espaldas al fondo DIS y «al margen del reglamento de la Fifa».
A Bartomeu solo lo acusa D.I.S., que pide para él cinco años de cárcel.
LOS HECHOS SEGÚN EL MINISTERIO PÚBLICO
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, Rosell, entonces presidente del FC Barcelona, empezó las negociaciones para fichar a Neymar en 2011, cuando jugaba en el Santos FC y tenía un contrato hasta 2014 con una cláusula de rescisión de 65 millones.
El representante del Ministerio Público explica que Rosell y el padre de Neymar, que representaba al futbolista, acordaron que el Barça pagaría 40 millones al jugador para asegurar su fichaje en 2014, cuando quedara libre del Santos, y que le anticiparía 10 millones en el momento con la condición de que Neymar debía devolver el dinero si incumplía el acuerdo.
El fiscal señala que este pacto hizo que ya en 2011 Neymar se comprometiera a fichar por el Barça en el futuro, y que eso impidió «que otros clubs participaran libremente en el mercado».
El acuerdo se cerró con dos contratos y el Barça le pagó los 10 millones de anticipo, y los otros 30 se los dio repartidos en dos pagos más: uno en 2013 y otro en 2014.
El fiscal destaca que, además de alterar el mercado de fichajes, esto perjudicó al fondo DIS, propietario de un porcentaje de sus derechos económicos, que se vio privado de la posibilidad de que Neymar pudiera obtener una cantidad mayor para su traspaso si hubiera entrado al mercado de fichajes.
Además, señala que Rosell y el entonces vicepresidente primero, Josep Maria Bartomeu, acordaron en 2013 anticipar el fichaje «sin contar con la autorización de la junta directiva», en una decisión que implicaba adquirir los derechos federativos del delantero.
La Fiscalía afirma que a raíz del adelanto del fichaje, Rosell ofreció al futbolista un salario mayor al acordado, que le pidió una prima mayor para incorporarse al Barça un año antes de lo pactado, pero quiso ocultar este sobreprecio respecto a lo previsto.
Según el fiscal, también se concertó con el Santos FC para pagarle directamente los derechos federativos «evitando de esta manera abonar al fondo DIS el 40% que le correspondía» sobre estos derechos.
