Cientos de policías y funcionarios se concentraron el pasado mes de abril frente a Muface contra los recortes en las mutuas.
El presupuesto de Muface para 2023 se incrementa apenas un 1,7% pese el alza de los precios, denuncia CSIF
Reclama al Gobierno que lo incremente "para que no se reduzca la calidad asistencial por la inflación"
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06/10/2022 15:51
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Actualizado: 06/10/2022 15:52
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El presupuesto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se incrementará para 2023 «apenas un 1,7% respecto al ejercicio anterior, lo que contrasta con el 9% de la inflación registrado en el mes de septiembre», según ha denunciado hoy la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, de acuerdo a la documentación que se le aportó en el Consejo General de Muface, celebrado el 5 de octubre.
De mantenerse esta situación ante la marcha de la economía y la evolución de los precios, CSIF teme que se vea afectada la asistencia sanitaria que se presta al funcionariado.
En concreto, el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales refleja un aumento del presupuesto de gastos del organismo de 1.937.586, 57 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,7% respecto del presupuesto de Muface para 2022, que es de 31.792,68 miles de euros adicionales.
CSIF reclama al Gobierno que incremente el presupuesto para 2023 «para evitar que se reduzca la calidad asistencial como consecuencia de la inflación». De hecho, afirma que «ya se está registrando un incremento de las listas de espera».
Desde este sindicato, Pedro Corral, miembro del Consejo de Muface, señala a Confilegal que la financiación de las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) es «insuficiente en origen» y que con la inflación «es todavía más insuficiente».
Indica que «fue una de las propuestas que se pusieron encima de la mesa de negociación para el acuerdo retributivo que finalmente no ha suscrito CSIF», pero que la administración «se negó a abordar esta cuestión y a analizar las necesidades de las mutualidades incrementando su financiación en los presupuestos».
«Desde CSIF no vamos a permitir que el colectivo de mutualistas y sus beneficiarios se vean afectados por la falta de apoyo económico por parte del Ministerio», advierte el sindicato. Por este motivo, anuncia que va a preparar movilizaciones para que se atienda su demanda, «dado la que la situación va a ser insostenible».
CIENTOS DE POLICÍAS Y FUNCIONARIOS SE CONCENTRARON EN ABRIL FRENTE A MUFACE CONTRA LOS RECORTES EN LAS MUTUAS
El pasado mes de abril, CSIF y el sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ya se concentraron frente a la Dirección General de Muface en protesta «por los recortes en las prestaciones sanitarias que perciben los funcionarios y agentes de la Policía Nacional por parte de las mutuas».
A principios de ese mes, estas dos organizaciones y Jupol, la asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, entregaron al Defensor del Pueblo «miles de quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios» en las diferentes mutuas de funcionarios en toda España.
En marzo, CSIF, Jupol y Jucil realizaron una encuesta sobre más de 5.000 mutualistas y constataron que «en provincias de toda España se ha producido pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción, en definitiva, de la cartera asistencial».
Según los datos recabados, el 50% de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento.
Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.
Además, estas organizaciones advirtieron, «por su especial relevancia, sobre las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos, que, a partir de ahora, en muchos casos, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales». «En muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad y que quiebra el principio de continuidad asistencial que regulan los propios conciertos, por el que deben velar las mutualidades», explicaron.
Ante esta situación, las tres organizaciones exigieron a las mutuas que tomaran cartas en el asunto, asumieran su responsabilidad e informaran con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes. Asimismo, reclamaron que se ampliara el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. De hecho, el 80% de los encuestados reclama esta posibilidad. Según informa CSIF, «la respuesta fue que ellos no habían tenido ninguna queja o reclamación, en todo caso minoritaria, y que, por tanto, no estimaban necesario ampliar el plazo para poder cambiar de entidad».
Según manifiestan, estos recortes tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias. «Ya advertimos entonces que estaríamos vigilantes ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas», indicaron.
Estas tres organizaciones firmaron a principios de año un acuerdo «para la defensa de los intereses comunes de los empleados públicos» y hacen un frente común en diferentes ámbitos. Reclaman «la recuperación del poder adquisitivo perdido desde hace años y agravado ahora por la elevada inflación». Colaboran, además, en la defensa de la mejora de las condiciones de jubilación.
CRITICA QUE HA HABIDO VARIOS INTENTOS DE ALGUNOS PARTIDOS DE ELIMINAR EL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO
El mutualismo se reguló en 1975 para dar cobertura a todos los funcionarios y adecuar las prestaciones sanitarias a las establecidas para los trabajadores del Régimen General. «Se trataba, por tanto, de corregir la discriminación que sufrían los funcionarios, que carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria a través de las compañías privadas, pagando el cien por cien de las medicinas», indican desde CSIF.
En la actualidad, las mutuas dan cobertura sanitaria a «más de dos millones de mutualistas y beneficiarios (Muface a 1.483.860; ISFAS a 536.314 y Mugeju a 91.714)». Alrededor de un 75% de los funcionarios opta cada año por este modelo, lo que, según estas organizaciones, «supone un plebiscito anual que avala su permanencia».
Sin embargo, denuncian que en los últimos años se han dado «varios intentos, por parte de algunos partidos políticos y sindicatos de clase de eliminar el mutualismo administrativo bajo el falso argumento de que se trata de un privilegio».
En cuanto a los cuadros médicos, señalan que la asistencia que prestan las entidades médicas se realiza bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto, con la referencia de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, que tienen que cumplir obligatoriamente. Y destacan que los mutualistas tienen menos prestaciones que el resto de ciudadanos en la Seguridad Social.
«Solo la perseverancia y la firme oposición y movilización de CSIF ha logrado que a día de hoy se mantenga el mutualismo como acción protectora para el colectivo», expone esta organización. Además, advierte de que si desapareciera este modelo, dos millones de personas pasarían a engrosar las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, «con el riesgo de colapso del sistema y el incremento de costes, y se pondría en peligro la sanidad privada -que tiene unos 24.000 sanitarios- en las ciudades de menos población, como Ávila, Soria o Teruel».
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