Siete juezas afganas exiliadas inician una nueva vida acogidas por España
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09/10/2022 06:48
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Actualizado: 08/10/2022 19:51
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Han pasado 14 meses desde que los talibanes tomaron el control de Kabul y retomaron el poder de Afganistán tras 20 años. Por ello, las 270 juezas del país comenzaron a estar en el punto de mira de la banda armada por dos motivos: ser mujeres y por ejercer una actividad jurisdiccional en la que se juzga a hombres.
Desde entonces, juezas de todo el mundo se han coordinado para sacarlas del país y evitar que corran peligro.
Según Gloria Poyatos, expresidenta y socia cofundadora, de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE) –y directora regional en Europa, Oriente Medio y Norte de África de la International Association of Women Judges– ya se ha logrado rescatar a 180 mujeres juezas afganas y a sus familias.
Todas ellas han comenzado una nueva vida en Canadá, Estados Unidos, Alemania, Polonia o Brasil. España también ha acogido a siete de ellas, que viven en el País Vasco, Pamplona, Sevilla, Madrid y pueblos cercanos a la capital.
Dos han sido magistradas en el Tribunal Supremo de Afganistán.
El pasado 30 de septiembre cuatro de ellas participaron en la jornada que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Las Palmas bajo el título «Afganistán, la guerra silenciosa contra mujeres y niñas», y en el que intervino telemáticamente la también magistrada y ministra de Defensa, Margarita Robles.
En dicho encuentro Gulalai Hotak, Safia Jan Mohammad, Friba Quraishi y Suraya Ahmadyar contaron sus historias de cómo salieron del país bajo amenazas y también solicitaron ayuda a la comunidad internacional.
Gulalai Hotak, fue directora del Tribunal de Policía Primaria de Kabul. Juzgó a terroristas, a talibanes y trabajó supervisando procedimientos administrativos y financieros para garantizar la transparencia.
Friba Quraishi también condenó a un buen número de terroristas talibanes. Entre ellos a los que asesinaron a una médica española cooperante de Cruz Roja Afganistán.
Safia Jan Mohammad fue jueza de la Corte de Violencia contra las mujeres. Juzgó cientos de casos de violencia contra las mujeres cometidso por esposos, padres y hermanos. Algunas de las mujeres fueron asesinadas, otras se suicidaron, pero lo habgitual eran palizas y violaciones.
Suraya Ahmadyar, también jueza, aportó datos sobre la situación de las mujeres en su país. De cómo las menores no tenían derecho a ir a la escuela en el primer periodo talibán. Y cómo luego después fueron escolarizadas y se incorporaron a las Universidades.
En este encuentro, presidido por la también magistrada y ministra de Defensa, Margarita Robles, intervinieron cuatro de ellas: Gulalai Hotak, que era directora del Tribunal de Policía Primaria de Kabul, Suraya Ahmadyar, Safia Jan Mohammad y Friba Quraishi, quien condenó a los terroristas talibanes que asesinaron a una médica española cooperante de Cruz Roja Afganistán.
Robles recordó “con dolor” que la retirada de Afganistán en el verano 2021 “ha sido un fracaso de la comunidad internacional, nos fuimos dejándoles absolutamente abandonados” al mismo tiempo que ha agradecido toda la red de apoyo que se puso en marcha en España para ayudar en lo que se ha podido.
UNA OCTAVA JUEZA RECHAZÓ EL ACOGIMIENTO EN ESPAÑA POR PROBLEMAS CON UN HIJO
Hace poco le concedieron el permiso para volar a España a otra jueza, pero decidió rechazarlo porque tenía un hijo mayor de edad y era al único de la familia al que le habían denegado la acogida.
“Son mujeres cuidadoras y no se mueven sin su familia”, ha explicado Poyatos a Confilegal.
La primera llegó en agosto de 2021 y la última en agosto de 2022.
Ahora han solicitado el procedimiento para poder traer a dos juezas más. Y aunque muchas de ellas ya llevan varios meses en España, sólo una ha logrado que le concedan el asilo en Madrid porque los trámites “son muy lentos”.
Han llegado a España a través de vuelos comerciales y vuelos fletados por ONGs y, desde que pisan el país reciben asistencia.
Además de las organizaciones, un equipo de seis juezas españolas de la AMJE se encarga de recogerlas en el aeropuerto, acompañarlas a su destino o ayudarlas en los trámites con los ministerios.
También les acompañan al médico y a los colegios para que puedan escolarizar a sus hijos. E incluso, han llegado a acudir al hospital cuando dos de ellas, que estaban embarazadas, iban a dar a luz, ha señalado Poyatos.
VIVEN EN CASAS DE ACOGIDA Y APRENDEN CASTELLANO
Todas ellas viven en centros de acogida donde se alojan personas sin medios económicos o que han recibido algún tipo de persecución.
Allí tienen todas las necesidades básicas cubiertas en cuanto a alimentación, sanidad, cama y ropa, ha destacado Poyatos. Además, reciben clases de castellano para poder aprender el idioma y buscar un trabajo cuando dispongan del asilo.
Mientras tanto, acuden a dar charlas y conferencias sobre la situación que actualmente se vive en Afganistán. Ya que “todas tienen incluso dos carreras universitarias y un alto nivel cultural. Están capacitadas para desempeñar cualquier labor”.
Hace unas semanas una de las juezas ha recibido una beca de una universidad española para hacer un estudio sobre las limitaciones en la educación de las niñas de Afganistán y cómo afecta el matrimonio infantil.
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