Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial, propuso la comarcalización de los Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su discurso de apertura del año judicial en octubre del 2013, cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Foto: Confilegal.
Juan Martínez Moya: «No se explica que una víctima de violencia de género sea atendida por un juzgado no especializado»
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03/1/2023 01:00
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Actualizado: 04/1/2023 08:00
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Los acuerdos por parte de las máximas autoridades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para potenciar la especialización y comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) llegan al final de diciembre, que cerró con el mayor número de muertes por violencia machista del año.
Estos convenios, cerrados en la sede del ministerio, responden a las 11 muertes por violencia de género que se registraron en el último mes del 2022, un repunte que llevó el total del año hasta el medio centenar, siete más que el año anterior.
La decisión llega una década después de que el magistrado Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), propusiera lo mismo en su discurso de apertura del año judicial en octubre del 2013, cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
«La asignatura pendiente de la Justicia es la organización territorial y funcional de los juzgados en España, porque la actual data del siglo XIX», declara Martínez Moya.
También indica que estas medidas llevan reclamándose al menos desde el año 2012, pero que «un fuerte localismo ha llevado a que el hecho de que un JVM quiera llevarse los casos de una población limítrofe, se entienda que les están quitando competencias».
«La legislatura no ha sido valiente al enfrentarlo», critica.
Así, destaca los JVM como una «apuesta política importante» para las víctimas que «hasta ahora, estos casos se encontraban con una Justicia que funciona a dos velocidades», refiriéndose a los casos que terminan en un juzgado de primera instancia, donde suelen tardar más tiempo al no contar con jueces y funcionarios especializados en violencia de género.
Actualmente existen en España 106 Juzgados de Violencia de Género exclusivos y 355 mixtos, en los que, además de resolver casos de esta naturaleza también tienen que resolver otros de las jurisdicciones civil y penal.
La comarcalización implica que los JVM ampliarían su espacio exclusivo de competencia para asumir los asuntos de violencia de género que se lleven en uno o más partidos judiciales. Una de sus prioridades es fijar distancias razonables para poder atender a las víctimas que tengan la capacidad de viajar hasta los mismos.
«Los JVM suelen estar en capitales de provincia, con competencias en un solo partido judicial, con lo que los juzgados de primera instancia e instrucción asumen un componente más», dice Martínez Moya, subrayando las «disfunciones con los detenidos y las guardias» que surgen en estos escenarios. «No se explica que una víctima en una capital sea atendida por un juzgado no especializado».
Martínez Moya afirma que ya existen las fórmulas para la comarcalización que pueden aplicarse y señala el caso del JVM de Villareal, que asumió los casos que hubieran correspondido a los juzgados de Nules y Segorbe, en Castellón
Por otro lado, se observa una paradoja por la cual los JVM suelen tener una carga de trabajo por debajo de sus capacidades mientras que se desbordan los juzgados donde se atienden los casos de violencia de género además de muchos otros.
Martínez Moya afirma que ya existen las fórmulas para la comarcalización que pueden aplicarse y señala el caso del JVM de Villareal, que asumió los casos que hubieran correspondido a los juzgados de Nules y Segorbe, en Castellón. Se trata, explica, de una solución «sin coste económico ni cambios internos» para que tengan una carga de trabajo razonable al ofrecer atención especializada.
Otra ventaja es que «el proceso se aleje del lugar de los hechos para evitar una mayor afectación psicológica para la víctima, especialmente en localidades pequeñas», dice.
El Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, es otro ejemplo de éxito por el cual se extendió la competencia de varios JVM en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y las Islas Canarias, tras unos estudios donde se tomó en cuenta la distancia de viaje entre estos y las residencias de las personas que hubieran tenido que ser atendidos en las localidades adscritas.
Cabe destacar la naturaleza mixta de los JVM, donde se llevan a cabo procedimientos tanto de lo civil como de lo penal, aunque estos últimos suelen ser los más conocidos. Esto incluye casos de liquidación del régimen económico matrimonial instados por los herederos, como describe la Ley Orgánica 2/2022, del 29 de marzo, que toca un apartado del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la custodia de los hijos en común entre víctima y victimario.
Coordinación, atención y prevención
La atención a los recursos económicos y humanos disponibles es otro de los factores que deben tomarse en cuenta para poder implantar con éxito la efectivización de los JVM, un aspecto al que se enfrentan los críticos de la falta de cercanía en el servicio que han emitido desde ciertos sectores judiciales sobre la comarcalización.
«Claro que lo ideal sería tener uno en todos los territorios, pero es un planteamiento prácticamente irrealizable porque los recursos son escasos», dice Martínez Moya, que reitera que la potenciación de la organización judicial se traduce en una mayor eficiencia, «pero no puede ser la única medida».
Según Martínez Moya, una de las prioridades para poder atender los casos de violencia de género e incluso prevenirlos es buscar la coordinación entre los ámbitos judicial, policial y psicológico, pasando por la colaboración una mayor colaboración con los cuerpos de seguridad y la fiscalía y una mayor inversión para los equipos psicosociales y los servicios sanitarios.
Además, la actualización de los sistemas también debe pasar por la digitalización que se promueve en todas las instancias de la Justicia.
En cuanto a la aparente ausencia de mejora en las cifras de violencia y asesinatos machistas, Martínez Moya destaca el valor de entender todos los factores involucrados.
«No hay una fórmula mágica, debemos analizar los casos trágicos, que aumentaron en diciembre del año pasado, para hacer ver el espacio para la mejora», dice, con el Observatorio contra la violencia doméstica y de género como una referencia imprescindible.
«Necesitamos un estudio de campo, caso por caso, para extraer información empíricamente sobre los fallos, así que tenemos un gran reto por delante», dice.
Además de apostar por la especialización, Martínez Moya confía «abiertamente» en la Ley de Eficiencia Organizativa, que está en trámite, «para que en el ámbito judicial se permita crear una planta de tribunales que contribuya mejor a la atención a la ciudadanía, con más flexibilidad y efectividad, y que rompa la rigidez que marca la organización en toda España».
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