El 28 de abril de 2021 el Tribunal Supremo emitió una sentencia donde reconocía que los guardias civiles tenían derecho a cobrar la actualización de la productividad en el mismo porcentaje que el importe del complemento de destino acordado en la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Pero la sentencia no se estaba cumpliendo como era debido y así lo ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Dicha sentencia del Alto Tribunal tiene su origen en que la Administración se negaba a pagar de oficio los incrementos de productividad a todos los guardias civiles desde el año 2017 hasta 2021.
Tras la decisión del Supremo, que sentó jurisprudencia, miles de agentes acudieron en masa para reclamar dicha cantidad. Sin embargo, algunos comenzaron a darse cuenta que la Dirección General de la Guardia Civil tan sólo estaba otorgando una parte de ese dinero, pero no todo, por lo que las reclamaciones por este motivo han comenzado a llegar a los tribunales.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido que, efectivamente, la Administración estaba incumpliendo parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Sentencia que fue dictada el pasado 30 de marzo por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por los magistrados María Teresa Delgado, Cristina Cadenas, Ramón Fernández, José Ramón Giménez y Luis Fernández y que daba la razón a un agente que interpuso un recurso para solicitar el importe completo porque se lo habían rechazado.
«Hicieron un amago de ejecutar la sentencia»
Ante esta situación y tras reconocer el incumpliento, el TSJM ha sentenciado que la Dirección General de la Guardia Civil tendrá que abonarle 1.290 euros.
El abogado que ha defendido al agente ha sido Antonio Suárez-Valdés y, en palabras a Confilegal ha explicado que lo que hizo la administración fue “hacer un amago de ejecutar la sentencia” tras recibir 20.000 solicitudes.
Actualizaron a todo el mundo pero sin aportar las cantidades fijadas por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, “les ingresaban 600 euros cuando realmente les correspondían más de 1.000, una cantidad ínfima”, ha explicado el letrado.
Por otro lado, el abogado experto en Guardia Civil y Policía Nacional ha explicado que el Ministerio de Interior, en “manifiesta rebeldía” se estaba negando a abonar la completa actualización salarial alegando que “una parte de dicho complemento, muy concretamente la correspondiente a la productividad por objetivos, no resultaba objeto de actualización”.
Según expone la sentencia, el Abogado del Estado que defendió a la administración manifestó que “al haberse abonado la productividad estructural, no habría quedado productividad por objetivos que distribuir entre los perceptores”.
