Los sindicatos han denunciado hoy, en la decimocuarta jornada de huelga en la Administración de Justicia, que el Gobierno está «sordo y ciego ante una Justicia que revienta por los cuatro costados».
Así lo han señalado en un comunicado conjunto CSIF, STAJ, CCOO y UGT. No entienden por qué el Ministerio no puede llevar dos meses negociaciones a la vez, en referencia a la de los jueces y fiscales, ante la situación de que los sindicatos todavía no han sido llamados para abordar la mejora salarial que exigen para los funcionarios de Justicia «acorde con las funciones que realizan a diario». En concreto, de entre 350 y 430 euros.
Señalan que esta subida se llevaría a cabo a través del concepto ‘complemento general del puesto’, una retribución básica ligada a sus funciones, «lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen».
El comité de huelga destaca que dos meses más tarde de la firma del acuerdo del Ministerio que dirige Pilar Llop con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), «todavía no se ha cerrado el conflicto con los jueces y fiscales y ni siquiera se ha comenzado a hablar con el resto del personal de Justicia, poniendo en peligro el funcionamiento del tercer poder del Estado, clave para un Estado social y democrático de Derecho».
Los sindicatos se preguntan «si Justicia y Hacienda no tienen capacidad para abrir las dos negociaciones de forma paralela para intentar que el conflicto se cierre cuanto antes, en vez de jugar con los derechos de la ciudadanía para intentar cansar a los funcionarios».
«A pesar del grave deterioro que esto ha causado en los ciudadanos, el Ministerio de Justicia no ha mostrado voluntad de sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales del colectivo de funcionarios, que supone el 93% de la plantilla», denuncia el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.
Según informa el comité de huelga, el primer mes de movilizaciones y paros para exigir un incremento salarial para los 45.000 funcionarios de Justicia de toda España en relación con las funciones que este colectivo realiza a diario ha provocado «la suspensión y aplazamiento de 500.000 juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales».
La huelga será indefinida a partir del próximo lunes, 22 de mayo.
SE LEVANTAN DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS
Los sindicatos informan en su comunicado de que se levantan de la mesa de negociación de servicios mínimos. No asistirán a la reunión convocada mañana para “negociar” los servicios mínimos del ámbito no trasferido porque entienden que se trata de «que la estrategia del Ministerio es alargar el conflicto de manera artificial a pesar del perjuicio causado a los ciudadanos, cuyos intereses dependen en muchos casos de una resolución judicial».
«Cada día de huelga, la indignación crece entre el personal de la Administración de Justicia. Si lo que pretenden es cansarnos, se equivocan. La determinación de que es ahora o nunca es cada día más clara. Y así se demuestra con el altísimo grado de participación en la huelga que, con datos reales, supera al 85% de las plantillas y que sigue creciendo cada día», indican los sindicatos.
«Le toca explicar a Pedro Sánchez por qué permite que miembros de su Gobierno progresista que, según dice, defiende a los trabajadores, mientras acuerdan con Letrados de la Administración de Justicia, y proponen a jueces y fiscales millones de euros en retribuciones deja a quienes menos cobramos en la oficina judicial y fiscal y otros servicios sin propuesta económica alguna», agregan.
Destacan que el comité de huelga ha mostrado desde el principio su voluntad de negociación poniendo encima de la mesa una propuesta de subida salarial «justa», y de negociación del contenido de la ley orgánica de eficiencia organizativa que «afecta, radicalmente, a los derechos laborales del personal de justicia».
«Una petición de redistribución, redefinición y clarificación de las funciones que efectivamente se realizan en las oficinas judiciales en beneficio de una justicia más eficiente y eficaz con su reconocimiento laboral y retributivo. Una propuesta que no sólo se fija en lo económico, sino que plantea propuestas de mejora del servicio público de la que el Gobierno hace caso omiso», argumentan.
Los sindicatos expresan en su comunicado que lamentan los perjuicios que está generando esta situación a los ciudadanos, e insisten en que «el único responsable es el Gobierno -y en concreto la ministra de Justicia, Pilar Llop- que debe ofrecer ya una oferta económica a este colectivo».
Las organizaciones sindicales registraron en Moncloa una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios, y que permita negociar la redacción de los citados proyectos de ley.
CSIF y STAJ también han recurrido por separado el acuerdo firmado el pasado abril entre Función Pública y los LAJs por «vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en la negociación colectiva».
Los sindicatos han decidido incrementar «la presión y las movilizaciones». Ayer se concentraron delante del Ministerio de Justicia y hoy lo harán frente al Congreso de los Diputados.
El próximo martes, 23 de mayo, se concentrarán frente a la sede nacional del PSOE (calle Ferraz, 70), y para el 25, víspera del fin de la campaña electoral, han convocado una manifestación en Madrid, que comenzará en el Ministerio de Justicia (calle San Bernardo, 45) y concluirá en la Secretaría de Estado de Función Pública (Santa Engracia, 7).
«La pelota está en el tejado del Gobierno», concluyen los sindicatos.
