“Esto es una macroestafa piramidal, con más de 5.000 afectados en toda España. que se investiga en la Audiencia Nacional”, señala el abogado José Luis Ortiz, que lleva “a 266 afectados, la mayoría de Andalucía”. En la imagen, Gabriel Ruiz, presidente de Sempi Gold. Foto: Sempi Gold.
Nueva condena a Sempi Gold, investigada en la AN por supuesta estafa piramidal en inversión de oro
Es la segunda en la vía civil que la condena por no cumplir las condiciones suscritas en un contrato de inversión en lingotes y láminas de oro
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27/7/2023 00:45
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Actualizado: 23/10/2023 13:45
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El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz ha condenado a Sempi Gold España, SAU a abonar a un minorista 53.016,82 euros, más intereses legales, por no cumplir las condiciones del contrato de inversión en lingotes y láminas de oro que suscribieron.
Esta empresa, anteriormente denominada Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión, SAU, está siendo investigada en la Audiencia Nacional (AN) por supuesta estafa piramidal en inversión de oro y esta sentencia es de las primeras que en la vía civil que la condenan.
La sentencia la ha dictado el juez Salvador Arenas Díaz del Castillo este pasado 27 de junio (25/2023) y ha sido notificada esta semana.
Sempi Gold España ni ha comparecido ni ha contestado a esta demanda, por lo que fue declarada en situación de rebeldía procesal.
También se le ha impuesto el abono de las costas causadas en el procedimiento.
PRESUNTA ESTAFA PIRAMIDAL CON MÁS DE 5.000 AFECTADOS
Según informa a Confilegal el abogado que ha llevado el caso, José Luis Ortiz Miranda, esta es la segunda sentencia condenatoria que recibe esta sociedad.
La primera fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Vigo, que condenó a Sempi Gold, a abonar al demandante 6.336,79 euros, más los intereses y costas, señala Ortiz, que también llevó ese caso.
“Hay miles de personas que aún no saben que la inversión que hicieron en oro era fraudulenta y que habían depositado el dinero en un golfo, que también fue condenado anteriormente por el caso Forum Filatélico-Afinsa en 2013. El cerebro de la operación: Gabriel Ruiz”, declara a Confilegal José Luis Ortiz, socio-director de Bufete Ortiz, de Cádiz.
Según informa, la Audiencia Nacional “le imputa cinco delitos: organización de banda criminal, estafa masiva, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y alzamiento de bienes e insolvencia púnica”.
“Esto es una macroestafa piramidal, con más de 5.000 afectados en toda España. que se sigue en la Audiencia Nacional. El dinero presuntamente defraudado estaría entre los 35 y 40 millones de euros”, declara a Confilegal Ortiz, quien lleva “a 266 afectados, la mayoría de Andalucía, entre ellos la exdelegada de Sempi Gold Jerez, Almudena d’Ory«.
“Con el dinero fresquito que entraba de los últimos inversores, retroalimentaban a los que más ruido hacían, callándoles la boca y mientras seguían captando”, manifiesta.
Este letrado está “exultante de alegría” porque “poco a poco se va desenmascarando este macrofraude que afecta a tantísimos pequeños ahorradores que pusieron sus ahorros, obtenido con enorme esfuerzo y sacrificio, en esta inversión en oro pensando que su dinero estaba a buen recaudo, cuando no era así, porque se empleó para otros fines espúreos”.
LINGOTES DE ORO FALSOS: DE HIERRO Y PINTADOS DE AMARILLO
Según explica José Luis Ortiz, Sempi Gold España “se dedicó a vender lingotes y láminas de oro, como inversión súper segura, a través de ocho delegaciones en toda España, a montones de minoristas, inversores conservadores que pensaban que invirtiendo en el valor oro tenían su dinero a buen recaudo, ya que el oro nunca fluctúa como el Euríbor y no tiene tanta volatilidad”.
¿Qué pasaba? “Que este hombre, en vez de emplear el dinero en oro en invertirlo en oro, lo enviaba a paraísos fiscales, y el oro, en vez de comprarlo en el mercado del oro alemán, en Hamburgo, lo que hacía era encargarlo a una empresa que le hacía lingotes de oro falsos -de fragua de hierro y pintados de amarillo-, que los metía en las cámaras acorazadas”, expone este abogado.
Apunta que así se desprende de las diligencias previas penales 33/2021, que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Los primeros casos no se iniciaron por la vía penal, sino por la civil, porque los afectados pensaban que la inversión no cumplía su fin.
“Todo el que esté afectado no debería quedarse de brazos cruzados y debería ponerse en manos de despachos especializados para intentar recuperar su inversión y que este señor no se lo lleve calentito y se vaya de rositas”, señala este abogado.
EL CASO ANALIZADO
En abril de 2017, un minorista concertó cuatro contratos de compra de oro con esta empresa por importe de 5.000 euros cada uno (sicap 418,419,420 y 421, respectivamente) y duración de tres años.
Al mes siguiente, las partes concertaron un contrato referido a un Plan de Ahorro para la hija del inversor, menor de edad, llamado Programa Patrimonial Polivalente con Cobertura, consistente en un ingreso mensual de 100 euros desde la fecha de formalización del contrato hasta pasados 36 meses (24 de marzo de 2020).
En total, ingresó 3.600 euros y al rescatarse a los 36 meses, la demandada debía pagar un 3% del rendimiento y no tenía penalización.
La demandada cumplió en las liquidaciones de 2017 las plusvalías de 300 euros anuales por cada contrato de 5.000 euros, equivalente al 6% pactado en el contrato.
Cuando solo había pasado un año, la empresa “unilateralmente procedió a renovar los sicap 418, sicap 419, sicap 420 y sicao 421 por el sicap 977, sicap 978, sicap 979 y sicap 980, respectivamente, por importe de 5.000 euros cada uno y duración 2 años”.
Según los hechos probados, durante los tres años de vigencia de los contratos (de 2017 a 2020) SEMPI se ha limitado a realizar rendimientos por plusvalía por valor de 300 euros al año. En total, cuatro sicap por 300 euros por euros años: 3.600 euros por rendimiento por plusvalía.
Los sicap 977, sicap 978, sicap 979 y sicap 980 vencieron el 25 de abril de 2020, pero la demandada “no ha devuelto a este consumidor la inversión inicial de 20.000 euros (5.000 euros cada uno)”.
Tampoco le ha devuelto 3.600 euros del plan de ahorro.
Valorando la prueba documental aportada, que no ha sido impugnada, el juez ha estimado la demanda al haber cumplido el afectado con la obligación de probar los hechos alegados y las consecuencias de los mismos, “sin que se haya alegado, dada la incomparecencia de la demandada, ni por tanto, probado, circunstancia alguna que implique la extinción o inexigibilidad de la deuda reclamada”.
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