La encargada de Centros Único en Madrid, dedicados a depilación láser, estética y medicina estética, denuncia que comunicó a la empresa que estaba embarazada y que a los dos días, el pasado 12 de abril, le mandaron una carta de despido esgrimiendo que no había superado el periodo de prueba, tras dos meses trabajando.
La afectada ha venido prestando sus servicios en esta empresa desde el 8 de febrero de 2023, como encargada, para llevar el proyecto de cirugía estética de obesidad.
Los primeros días realizó su trabajo en la clínica del centro comercial Plenilunio (Madrid), y más adelante fue “la encargada del resto de centros de la Comunidad de Madrid”.
Afirma que en el contrato consta expresamente que no hay periodo de prueba y que el verdadero motivo de su despido es que han tenido conocimiento de que está embarazada. Así lo destacó también en su contestación a la carta de despido.
Asistida por el abogado José Manuel Laguna Redondo, la trabajadora interpuso una demanda contra la empresa La Gavia Asesores Ayala S.L.U (Centros Único es la denominación comercial) por despido nulo. Recayó en el Juzgado de lo Social número 35 de Madrid.
El pasado 19 de julio, en el acto de conciliación judicial, Centros Único reconoció la nulidad del despido, ofreciendo la reincorporación de la trabajadora con efectos desde aquel mismo día, en las mismas condiciones, y el abono de los salarios de tramitación desde el 12 de abril, por lo que le pagará el dinero que hubiera cobrado de haber seguido trabajando, así como los derechos de vacaciones.
No obstante, la afectada se reservó la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales y/o discrinimancióin por razón de sexo.
El pasado lunes presentó una demanda en la que solicita una indemnización de 30.500 euros, “por los daños y perjuicios ocasionados por tal agresión, incluyendo el daño moral”, al amparo de lo dispuesto en los artículos 14 de la Constitución Española, y 177 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
También ha presentado la demanda ante la Fiscalía.
La trabajadora considera que habiendo reconocido la empresa la nulidad del despido, el mismo lleva aparejado la vulneración de derecho fundamental.
En la demanda sostiene que el móvil del empresario “obedece a causas discriminatorias”, ya que estamos ante una calificación de nulidad, derivada del hecho mismo del embarazo, y que en la propia carta de despido alegaba que conocían dicha situación de embarazo”.
Denuncia que se ha producido “una clara discriminación por razón de sexo”.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), establece en el artículo 40 que las infracciones muy graves se sancionarán con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.
Asimismo, solicita la imposición a la empresa de una sanción pecuniaria por mala fe y temeridad y la condena en costas.
DENUNCIA REPRESALIAS DE LA EMPRESA POR RECLAMAR SUS DERECHOS
La trabajadora ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo, pero “la empresa todavía no le ha pagado los salarios de tramitación, que ascienden a más de 10.000 euros”, según informa a Confilegal el abogado del caso, José Manuel Laguna Redondo.
Este letrado señala que su clienta “está sufriendo las represalias de la empresa por reclamar sus derechos”, y está decidida a llegar hasta donde haga falta para que se le reconozcan y paguen por la vulneración sufrida.
Laguna apunta que “no es la primera vez que Centros Único vulnera los derechos de sus trabajadores, habiendo sido condenada hace años por una situación similar”.
