Carmen Gámiz es magistrada de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer situados en la calle Albarracín 31 de Madrid. Lleva 18 años dedicándose a ello y su amplia experiencia le ha permitido observar cómo en algunos casos los progenitores «usan a sus hijos como una moneda de cambio para obtener algo». Algo que se denomina «instrumentalización de los niños».
Esto les genera a los más pequeños de la casa un conflicto emocional y de lealtad porque, al fin y al cabo, son sus padres y no saben por quién decantarse. «Les inmiscuyen en su problema», explica la magistrada.
«Lo peor de esta jurisdicción es que vemos que a los niños les meten en el conflicto adulto cuando tendrían que mantenerlos al margen».
A la hora de ir a juicio, los juzgados cuentan con un equipo psicosocial para ayudar a estos menores. Los profesionales pueden detectar si las familias tienen algún tipo de problema de drogadicción o de dependencia al alcohol. Los peritos se encargan de evaluar al grupo familiar completo.
También pueden hacer una exploración directa en la cámara Gesell, un lugar más relajado para que el menor intente exponer su caso ante el psicólogo a cargo.
No hay un perfil de agresor
Respecto a los casos de violencia sobre la mujer, Gámiz explica que no hay un perfil claro del agresor. «Nosotros vemos a la sociedad entera, no hay un delincuente típico, aquí la violencia afecta a todo tipo de gente, de clases sociales, de cultura, de nacionalidades y de edades, por eso es muy complejo el estudio de la violencia».
Los casos de violencia sobre la mujer han crecido. Sólo en su juzgado, el año pasado hubo 1.300 asuntos y este año van camino de llegar a los 1.500.
Cuenta que no ven demasiados casos de gente muy joven, pero los hay, algo que les preocupa mucho porque la juventud es el futuro. Y aunque en los colegios hay planes de educación en igualdad, también hay que educar en casa. Pero ahora «hay una quiebra de ese principio de autoridad, de disciplina y de poner límites y eso, a posteriori, se va a traducir en este tipo de violencia».
A veces es complicado porque «hay chicas que no son conscientes de qué comportamientos son violencia de género». Por ejemplo, no creen que lo sea que les revisen el móvil, lo ven como un gesto de amor por parte de su pareja porque están pendientes de ellas, «pero es una actuación de control y es acoso», resalta la magistrada.
«Se empieza por ahí y el círculo de violencia va a más, y eso no se reeduca tan fácilmente». Además, hay que recordar que mirar el móvil es un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Algunas no denuncian porque están solas y desamparadas
Sin embargo, «hay muchas mujeres que están desamparadas y no denuncian porque están solas, por ejemplo, inmigrantes que vienen a España a buscarse la vida». Sólo está el marido o la pareja con la que han tenido hijos, dependen de ellos económicamente o directamente están solas al no tener ni familia ni amigos.
«Hay que atajar antes, porque cuando llegan al juzgado el delito ya se ha cometido»
«Y para esos casos están los recursos y las casas de acogida, para que les orienten y las inserten profesionalmente para que puedan mejorar su vida», destaca Gámiz. Aunque reconoce que estos recursos no se gestionan bien porque se dispersan. «No hay un seguimiento de la víctima en el tiempo ni un acompañamiento por parte de las instituciones. Hay que atajar antes, porque cuando llegan al juzgado el delito ya se ha cometido».
En el juzgado «les hacemos un seguimiento de toda la vida y les dedicamos el tiempo necesario mientras están declarando, porque es su pleito. Tenemos todo el día. Ojalá no hubiera violencia, pero el trabajo bien hecho es gratificante».
No hay que olvidar que, según los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondiente al año 2022, el 34% de las mujeres asesinadas en dicho año eran extranjeras. Muchas tienen miedo a ser deportadas porque están en situación irregular, «pero se les explica en la instrucción de derechos que eso no va a suponerles ningún problema a estar por delante su vida».
No quiere ni pensar en otra huelga
A Gámiz le da algo de miedo que pueda venir otra huelga. Prefiere no pensarlo, porque primero fue la de los LAJs, que duró dos meses, y luego la de los funcionarios. Aunque haya asuntos que sean urgentes y sí se juzguen, hay otros civiles que sí se retrasan.
Esto es algo que notaron muchísimo porque tuvieron que suspender juicios, recolocarlos y ello produjo que hubiese coincidencias entre señalamientos, por lo que muchos letrados no podían acudir al tener otro. «Ha sido mucho trabajo».
Para la magistrada, la situación actual de la Justicia crea una desmoralización en la carrera judicial. «Hay una gran cantidad de jubilaciones voluntarias, la gente se plantea salir porque desmoraliza. Hay gente que lleva muchos años trabajando y le gusta su profesión, pero al final prima más la salud porque la carga de trabajo a veces es bestial».
