El informe del oficial de la Guardia Civil relata que los encausados en la Operación Águila-Frozen han estado tratando de "descarrilar" la instrucción interponiendo denuncias y querellas contra el equipo investigador, todas las cuales han sido archivadas. La foto corresponde a la mencionada operación. Foto: Guardia Civil.
Archivadas las 9 denuncias que los encausados en la Operación Águila-Frazen interpusieron contra la Guardia Civil
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24/10/2023 00:45
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Actualizado: 31/10/2023 13:01
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El teniente jefe de Área de Asuntos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, con base en la Comandancia de Tres Cantos, autor del exhaustivo y minucioso informe interno –entregado al magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional–, describe en el mismo la estrategia adoptada por los encausados en la Operación Águila-Frazen.
Una estrategia que, además de “desacreditar la investigación y a las personas que la han llevado a cabo”, ha consistido en presentar 7 denuncias y 2 querellas contra los componentes del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, con base en la Comandancia de Tres Cantos, Madrid.
“Todas ellas han sido archivadas o sobreseídas por las distintas autoridades judiciales que han entendido por competencia territorial”, escribe el oficial en su informe, al que ha tenido acceso Confilegal.
La primera denuncia fue interpuesta el 17 de mayo de 2021, nueve meses después de que el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ y el Grupo de Blanqueo de la Unidad Central Operativa de la de la Benemérita, llevaran a cabo su intervención por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales en esta Operación Águila-Frazen.
La última tiene fecha de 29 de julio de 2022.
La citada operación fue llevada a cabo en agosto de 2021. Fueron detenidas detenidas 33 personas, pertenecientes a la organización criminal “Skin”; se incautaron 239 kilos de cocaína de gran pureza, 1 kilo de hachís y 24 kilos de sustancias adulterantes así como 2 pistolas, 1 revolver y una carabina.
Junto a ello, se intervinieron 667.000 euros en efectivo, 56 vehículos de alta gama, se bloquearon 36 inmuebles, con un valor catastral de 11,5 millones de euros, 73 vehículos a motor y 154 productos financieros (cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión, etc.) por valor de 721.000 euros.
LAS DENUNCIAS Y QUERELLAS
El oficial de la Benemérita relata todas y cada una de las acciones legales contra el equipo investigador.
La primera, de 17 de mayo de 2021, fue interpuesta ante “el Puesto Principal de Tres Cantos, imputando a los componentes del Equipo de delitos de desobediencia, por la inexistente demora en los plazos de devolución de un vehículo que la autoridad judicial había dispuesto en calidad de depositario del vehículo”.
La segunda, el 11 de junio de 2021 [Marina B.M., abogada encausada] presenta denuncia, otra vez, ante en el Puesto Principal de Tres Cantos, contra los mismos componentes del Equipo de Delitos Económicos “por supuestas calumnias contra su padre [un conocido abogado] en un abuso de sus atribuciones, al supuestamente decir a persona desconocida que irían a detenerle”.
La tercera denuncia, tiene fecha de 16 de junio de 2021. Fue presentada ante “el Puesto Principal de Boadilla del Monte, representando a la pareja de otro detenido, imputando a los componentes del Equipo de Delitos Económicos delitos de desobediencia por la demora (más que justificada) en la devolución de un vehículo intervenido y del que eran depositarios”.
La cuarta denuncia, también de junio de 2021, cayó en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por falsificación de documento público. Fue presentada por Enrique C.A. [también guardia civil], pareja sentimental de Marina B.M. contra el teniente de la USECIC [Unidad de Seguridad Ciudadana, cuyo cometido es entrar en los inmuebles] al haber realizado este un informe ordenado por la cadena de mando. Informe “sobre una queja que interpuso Enrique C.A., como consecuencia del registro domiciliario que se efectuó en su domicilio y en el de su pareja sentimental” en el mes de abril de 2021, “al estar en desacuerdo con las conclusiones del referido informe”.
La quinta denuncia se produjo el 2 de julio. Fue realizada por Víctor M.L. (miembro de la Organización ‘Skin’ y detenido en la Operación Águila Frozen) ante la Comisaria de la Policía Nacional en de Pozuelo de Alarcón. Denunció que había visitado a Marcelo P. (detenido y en prisión provisional por la Operación Águila Frozen) en la prisión de Soto del Real “y que estaba siendo extorsionado por los componentes del Equipo de Delitos Económicos para que declarase en un determinado sentido”.
Primera querella. “El 14 de julio de 2021 el teniente autor de este informe y el brigada recibieron una citación por la querella interpuesta por la pareja de Marina B.M., Enrique C.A., ‘al haberse provisto de las diligencias en las que no era parte y aludir afectación a su imagen y poniendo en cuestión una auditoria que se iba a solicitar para ver quien había consultado las identidades objeto de investigación, auditoria que se solicitó tal y como se hacía constar en el apartado de indicadores de delincuencia organizada, concretamente en el punto de influencia o poder al haber detectado movimientos compatibles con el hecho de estar informados los investigados””.
Sexta denuncia. Un día más tarde, el 15 de julio de 2021 Enrique C.A. “denunció ante el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional [competente en la instrucción de la causa Águila Frazen] las ‘actuaciones ilegales’ llevadas a cabo por todos los miembros de la Guardia Civil que participaron en el registro de su domicilio, alegando ilegalidad en dicho registro”.
Séptima denuncia. Once días después, el 26 de julio, otra vez Enrique C.A. “interpuso denuncia en el Puesto Principal de Tres Cantos, contra el Oficial que suscribe, Jefe de Delitos Económicos, imputándole directamente delitos de falsificación de documento público y fraude procesal”. Lo acusó de alterar de forma sustantiva un atestado.
Segunda querella. Pasado un año y tres días, el 29 de julio de 2022, Enrique C.A. interpuso una nueva querella, esta contra el teniente de la USECIC de la Comandancia de Tres Cantos imputándole “un delito de allanamiento de morada como consecuencia del apoyo que prestó a esta unidad en el desarrollo de la entrada y registro que se llevó a cabo el día 14 de abril de 2021 como consecuencia de la explotación de la operación Águila-Frozen”.
HUNDIR A LA GUARDIA CIVIL A DENUNCIAS
El teniente de la Guardia Civil, asimismo, relata que el 21 de junio de 2023 el mismo Equipo de Delitos Económicos llevó a cabo la Operación Furmica, en la que fueron detenidos, entre otros, Juan Manuel B.M. –hermano de Marina B.M.–, el citado Víctor M.L. y Ricardo P.L., “tres miembros de la organización ‘Skin’ por delitos de organización criminal, estafa agravada y otros tipos penales, según el grado de participación de los investigados”. El Juzgado de Instrucción 2 de Majadahonda es el competente.
“Con ocasión de realizar las diligencias procesales en el Centro de Detención de Tres Cantos Juan Manuel B. Anunció a componentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de esta Unidad Operativa de Policía Judicial su intención de ‘ir a por todas contra los miembros del Equipo’ y ‘hundirlos a denuncias’ profiriendo nuevas amenazas y que iba a ser la operación ‘vendeta’. De la misma manera, junto con su abogado, afirmaban ‘la que se iba a liar, que nos preparásemos para el escándalo0, mientras el letrado que le asistía asentía con la cabeza”, precisa el teniente, autor de este informe.
EL PORQUÉ DEL INFORME
El informe del este oficial ha sido realizado para verificar si había algo de cierto en lo expresado por el brigada jefe de Delitos Económicos, que actuó de secretario en la Operación Águila-Frazen, en las supuestas conversaciones que mantuvo con una mujer y que esta aportó después a la instrucción de la Audiencia Nacional.
De acuerdo con el brigada, identificó a la mujer como perteneciente -o relacionada- con la organización “Skin”.
Su intención, explicó, fue la de tratar de sonsacar información a la mujer, como parte de una estrategia policial, una vez que verificó su conexión con la organización investigada.
Una de las conversaciones tuvo lugar en un restaurante de Rivas Vaciamadrid, localidad al este de la capital, el 21 de abril de este año.
Según mantiene la mujer, el brigada le habría comentado que habían colocado balizas de seguimiento a investigados sin autorización judicial, que se habían falseado actas de seguimiento y que, incluso, se había grabado ilegalmente un interrogatorio a un detenido en un vehículo policial.
El agente declaró a sus superiores que había exagerado para captar la atención de la mujer y ver dónde le llevaba.
La mujer alega que recogió las palabras del brigada en una minigrabadora que llevaba escondida.
Minigrabadora que después entregó a Borja V., con quien manifestó que mantenía una relación. Y que es supuestamente integrante de la organización “Skin”.
Este fue quien interpuso después una denuncia contra el brigada ante el magistrado Pedraz.
El informe concluye que ni se han colocado balizas de seguimiento a investigados sin autorización judicial, ni se han falseado actas de seguimiento, ni se ha interrogado ilegalmente a un detenido y se le ha grabado en un vehículo policial.
Todo es producto de un plan urdido por las defensas de los detenidos en la Operación Aguila-Frazen “consistente en desacreditar la investigación y a las personas que la han llevado a cabo”, sintetiza el teniente.
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