Juan González Herrero, fundador del Grupo Herrero Brigantina, quien, al parecer, se encuentra en Colombia con su joven esposa, Kelly Johana Galeano. Foto: Grupo Herrero Brigantina
El abogado de los afectados de Herrero Brigantina pide a Pedraz que ordene la detención de González Herrero en Colombia
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29/11/2023 12:45
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Actualizado: 01/12/2023 09:28
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José Luis Ortiz Miranda, socio-director de Bufete Ortiz, con base en Cádiz, ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Provincial, que inste a Interpol la detención de Juan González Herrero, fundador del Grupo Herrero Brigantina, quien desapareció de España dejando un agujero aproximado de 40 millones de euros y más de 3.000 afectados, producto de una estafa piramidal.
Ortiz Miranda, que representa a un nutrido número de inversores que han visto esfumados sus ahorros, ha dirigido un escrito al magistrado en el que especifica con toda claridad la dirección en la que González Herrero está viviendo en estos momentos en Medellín, Colombia, con su joven esposa la colombiana Kelly Johana Galeano.
«Es una oportunidad sin precedentes. Interpol, mediante una orden del magistrado Pedraz, puede hacer mover a los cuerpos de seguridad de ese país para que sea detenido y enviado a España«, explica Ortiz Miranda.
«Sólo González Herrero sabe dónde está el dinero que se ha llevado, en qué paraísos fiscales lo ha colocado», apostilla.
Para el caso de que González Herrero decida poner tierra de por medio, el abogado solicita al magistrado –quien admitió a trámite la querella con González Herrero–, que la orden de búsqueda y captura del fugado se haga general, a todas las policías del mundo.
Es lo que se conoce como notificación roja, que alerta a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con ello, sus movimientos entre países quedarían seriamente cercenados.
La notificación roja está contemplada en el artículo 83 del Reglamento de Interpol sobre el tratamiento de datos.
Hasta el momento, se han presentado cerca de 20 querellas y denuncias en Palma de Mallorca, Valladolid, Palencia, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Asturias, León, Ponferrada y Zaragoza.
Esta que se dilucida en la Audiencia Nacional, y que interpuso Ortiz Miranda en nombre de sus clientes, es la querella piloto.
Se le imputan a González Herrero delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
El Grupo Herrero Brigantina es un conglomerado de empresas que “ofrecía productos de inversión a sus clientes prometiendo que la inversión estaba garantizada y que la misma ofrecía altas rentabilidades”, según manifestaron los afectados.
RECAUDÓ 40 MILLONES DE EUROS Y PROMETÍA UNA RENTABILIDAD DE HASTA EL 50 % EN 10 AÑOS
El grupo Herrero Brigantina vendía planes de pensiones, hipotecas y prestamos, en concreto la empresa Naibc Sa, tiene como actividad principal la correduría de seguros, y sin embargo, nunca ha emitido contratos bajo la denominación de seguros u otras formas que den a entender que realizan operaciones de seguros o distribución.
Este grupo estaba formado por seis entidades filiares: Broker Asegurador de Ultramar, Compañía Galega de Corretaxe, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora, La Marina AB Mediadores, North Atlantic Insurance Broker Company y Astudeme.
Entre 2021 y 2022 supuestamente recaudó 40 millones con soluciones que prometían una rentabilidad de hasta el 50 % en diez años.
Este conglomerado, que tenía su sede en Ponferrada, León, está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por la Audiencia Nacional, así como por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente del Ministerio de Economía.
“La gente picaba por el hecho de que los vendedores eran exempleados de banca, que tenían una cartera de clientes a los que le vendían la panacea del producto, que era totalmente ilusoria”, explicó este letrado a Confilegal.
Decenas de clientes del grupo han presentado querellas por estafa contra esta compañía, creada en 2011 por el buscado González. El dinero retenido alcanza en algunos casos los 300.000 euros por consumidor.
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