“El objeto del contrato es la ejecución de los servicios de recogida, custodia, archivo y gestión de los fondos documentales, así como la destrucción de piezas de convicción” destaca el pliego del contrato.

Justicia confía a pymes la custodia de sus documentos oficiales a través de las gerencias territoriales

Barbara Hermida

01/12/2023 06:30

Actualizado: 01/12/2023 10:14

Casi cinco millones de euros. Esa es la cifra que, desde la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia, manejan para la protección de los documentos oficiales del Poder Judicial.

Un contrato público centrado en la “custodia, archivo y gestión de fondos documentales generados por órganos judiciales”. En concreto, para los órganos judiciales adscritos a las gerencias territoriales de Castilla y León en Burgos, Castilla y León en Valladolid, Castilla-La Mancha y Murcia.

Contrato que, a su vez, estipula que este trabajo no sólo supondrá el transporte de los documentos y su custodia, sino también otras tareas de tratamiento de la documentación oficial de Justicia.

Así pues, las empresas contratadas tendrán la responsabilidad de hacer el tratamiento administrativo de esta documentación, atender las peticiones, dar de baja la documentación, e incluso, llevar a cabo la destrucción certificada de los mismos.

Una responsabilidad que también queda marcada en el contrato de cara a la posible “difusión no autorizada de cualquier información contenida en estas unidades, así como del robo, manipulación, desaparición y destrucción no autorizada de la documentación custodiada”.

Tarea de gran importancia en la Justicia española, así como en las gerencias territoriales dependientes del ministerio, que recae en pequeñas y medianas empresas del país. Algo que se ha podido comprobar en uno de los últimos bloques de contratación para el tratamiento de estas informaciones.

Y es que todos los bloques de esta adjudicación han sido finalmente asumidos por pymes, que se han hecho responsables de la información y documentación judicial de Castilla y León en Burgos, Castilla y León en Valladolid, Castilla la Mancha y Murcia.

Eso sí, todos ellos lo han hecho por un valor muy inferior al inicialmente calculado desde la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.

318.578 euros. Esa es la cifra final del contrato en el caso de Burgos. Una cifra que asciende ligeramente en el caso de Murcia (355.474 euros) la cual, a su vez, se asemeja mucho a la cifra final de adjudicación en Castilla la Mancha, de 358.699 euros.

Valladolid tarda casi dos años en conseguir su pyme

Una cuestión que ha sido especialmente complicada de solventar en Valladolid. Y es que, a pesar de que la oferta para este contrato se publicó a comienzos del 2022, finalmente el lote 4 de la adjudicación, el correspondiente a la gerencia territorial de Valladolid, no ha podido formalizar su contrato hasta este pasado 27 de noviembre de 2023.

Casi dos años de tardanza que parecen venir marcados por la decisión que Óscar del Pozo Ponce, como Secretario suplente de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia, firmaba.

Una decisión que excluía la licitación de la empresa DOCOUT, S.L.U, y que ahora, ha supuesto la contratación la pyme Administradora de Archivos S.A., para el servicio. Así pues, esta empresa ha conseguido el contrato por la documentación de la gerencia territorial de Valladolid, por un coste de 250.023 euros.

Situación que ha provocado que esta última empresa sea la que haya conseguido ostentar el liderazgo de estos contratos. Y es que los cuatro lotes han sido adjudicados a Administradora de Archivos S.A.

Unos contratos de diversos valores que llegan a alcanzar el millón de euros. Una cifra considerable para una pyme, aunque muy lejos de los cinco millones de valor de contrato inicial planteados desde el Ministerio de Justicia.

Una empresa con ingresos que triplican la media de su sector

A pesar de que, como norma general, se considera que una pyme es una empresa que cuenta con menos de 250 personas, Administradora de Archivos S.A. asegura en su página web contar con más de 300 profesionales en los países donde opera.

Una cifra que varía en los portales como Empresite, donde aseguran que son 184 los trabajadores de esta empresa en 2023.

Sin embargo, tal y como apunta el portal Empresite, «de acuerdo con la recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003″, esta compañía puede encuadrarse dentro de la categoría de empresas medianas.

Algo que no parece frenarla para ser un referente dentro del sector. Al menos, en lo que se refiere a ingresos. Y es que, tal y como apunta este mismo portal empresarial, la empresa ha llegado a alcanzar una facturación de entre seis y 30 millones de euros. Una cantidad que triplica el promedio de las empresas del sector, de 2 millones de euros.

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