Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha decidido emprender acciones legales contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un presunto delito de revelación de secretos, tal como indican fuentes cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, adelantadas por ABC y confirmadas por este diario.
Esta acción es una de las tres querellas que están siendo preparadas por los representantes legales de González Amador.
Las otras apuntan a la Fiscalía y a una inspectora de la Agencia Tributaria por motivos similares.
Estos supuestos delitos podrían conllevar penas de prisión de uno a cuatro años y multas importantes.
La Fiscalía de Madrid, en un comunicado, mencionó un acuerdo de conformidad propuesto por el abogado de González Amador, donde se admite la comisión de dos delitos fiscales.
Por otro lado, Montero negó haber revelado información confidencial, aunque criticó públicamente a Ayuso acusándola de beneficiarse de un apartamento financiado ilegalmente y de comisiones ilegales en la venta de mascarillas, detalles que se hicieron públicos horas después.
Los abogados de González Amador sostienen que tanto Montero, la Fiscalía como la Agencia Tributaria han divulgado ilegalmente datos fiscales y comunicaciones privadas, constituyendo un delito de revelación de secretos.
Por su parte el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), compuesto por los 83 decanos de todos los colegios de abogados de España, condena la vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes la difusión que la Fiscalía hizo de los correos electrónicos intercambiados con el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y exige que se investigue a fondo lo sucedido para para identificar al autor con el objetivo de «iniciar acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda», lo que son palabras palabras mayores pronunciadas por un órgano como este. Cosa que los 83 decanos, que representan a los 148.000 abogados, consideran «imprescindible».
Al mismo tiempo, el Colegio de la Abogacía de Madrid denunció en un comunicado la revelación de «datos concretos» por parte de la Fiscalía sobre la pa- reja de Ayuso: «Es de extrema gravedad».
El colegio subraya que la Fiscalía emitió un comunicado «detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados».
«Constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal», advierte.
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid se reunirá el próximo lunes para examinar «con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva –piedra angular de nuestro Estado de derecho– llegando hasta las últimas consecuencias».
