El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo‘, Ismael Moreno, que acepte su personación como perjudicado.
Alega que, a pesar de no estar afectado por la investigación, «siguen apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa».
En el escrito, el exministro pone el foco en que ese informe era interno y «de forma deliberada por parte del Ministerio se ha procedido a su difusión pública».
José Luis Ábalos entiende que esta acción, su publicación en la web del Ministerio, es «improcedente» y anuncia que ya ha solicitado otro informe pericial contradictorio que «viene a desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones del citado informe»
Apunta a esto, que el informe del Ministerio se ordenó cuando el Tribunal de Cuentas ya había fiscalizado la operativa de compra de mascarillas durante la pandemia.
Igualmente, recuerda que ese órgano fiscalizador no encontró «ilegalidad alguna» y que las eventuales incorrecciones en las contrataciones estaban justificadas por el Real Decreto de Estado de Alarma.
Para Ábalos, la orden de realizar esa auditoría interna en el Ministerio, de febrero de 2024, «se produce de forma instrumental buscando exclusivamente la fijación estanca de responsabilidades» sobre su persona.
Por ello, a su juicio, dado que el magistrado instructor Ismael Moreno quiere incorporar el informe a la causa, y ante «la falta de legalidad y legitimidad» del documento.
LA PERICIAL DE ÁBALOS PONE EN DUDA LA AUDITORÍA
El citado informe pericial aportado por la representación de Ábalos, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, sostiene que «el informe de auditoría no cumple con los principios fundamentales de auditoría debido a la presencia de sesgos evidentes».
«Las argumentaciones presentadas no están debidamente justificadas y el contenido del informe contiene subjetividades, lo que compromete su objetividad y fiabilidad», señala.
El documento afirma que en la auditoría «no se han aplicado los principios» típicos de las mismas, «tales como la independencia, objetividad y evidencia suficiente».
Se destaca, además, que no se ha incluido «la documentación necesaria para respaldar los hallazgos y conclusiones» a los que llega.
El informe acusa a Transportes de «deficiencias» al no haber «documentado los protocolos específicos utilizados para llevar a cabo la investigación».
Incide, además, en la «ausencia de justificación de las personas interrogadas», ya que la auditoría «no incluye las razones por las cuales fueron éstas y no otras».
