La Audiencia Nacional (AN) juzgará desde este lunes al empresario Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por el supuesto delito de cohecho; el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora Elisa Pinto.
La vista oral arrancará el lunes a partir de las 10.00 horas. El juicio tendrá previsiblemente una duración de cuatro días. El jueves quedaría visto para sentencia, según el calendario fijado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.
La doctora Elisa Pinto ha solicitado que tanto López Madrid como Villarejo sean condenados a 6 años de prisión cada uno por un delito de cohecho cada uno.
El primero por cohecho activo, por supuestamente contratar a un comisario de policía en activo, y el segundo por cohecho pasivo, por presuntamente recibir dinero para llevar a cabo el encargo. Algo que Villarejo, como funcionario público, tenía completamente prohibido.
El objeto de esta causa es ese, precisamente: si el uno pagó al otro por ese trabajo. Lo que está tipificado, en el primer caso, en el artículo 424 del Código Penal y en el segundo en el 419.
La abogada de la doctora, Ana Blanco, también pide la imposición de una multa de 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años.
Asimismo, solicita para el socio de Villarejo Rafael Redondo, 2 años de prisión como cómplice del delito, multa de 6 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 años.
TODO ARRANCÓ EN SEPTIEMBRE DE 2013
En su auto, el magistrado instructor del caso, Manuel García Castellón, que hasta el pasado mes de septiembre era titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, explicaba que todo apuntaba a que en septiembre de 2013 cuando López Madrid contrató a Villarejo, comisario en activo», para que «le ayudase a finalizar un asunto personal en relación con María Elisa Pinto. En diciembre de 2013, el empresario acudió a la consulta de la doctora acompañado de Redondo, que acudía en calidad de abogado por orden de Villarejo, y le indicaron a Pinto «que le dejase en paz, que parase, y que la policía iría a verla».
Durante 2014, y según lo pactado con el empresario, Villarejo habría hostigado a la doctora realizando seguimientos e intentando impedir que denunciase a López Madrid por acoso. El magistrado señaló que «usó medios policiales» para desacreditarla.
«Accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial, solicitando información sobre el estado de las pesquisas, manipulando la investigación policial y realizando previsiones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte», añadía.
Por otra parte, «En una conversación fechada el 26 de enero de 2017, José Manuel Villarejo manifestó que reclamará a Javier López Madrid una cantidad de dinero como compensación a la actuación que desarrolló en la resolución de su conflicto privado. Los términos de la conversación eran: “yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito… ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un “embolao” y ni me has llamado para decirme (…). Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”, relata el auto de apertura de procedimiento abreviado.
García Castellón dio cuenta de los contactos telefónicos entre Villarejo y López Madrid, y sumó a esto que también tuvo contacto con otros policías durante la investigación de los hechos denunciados por Pinto.
Concretamente con Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, una unidad especializada en operaciones encubiertas y seguimientos, y el inspector Alberto Carba –hoy comisario–, que fue quien investigó la denuncia de la doctora.
LA FISCALÍA NO ACUSA
El magistrado propuso enviarles a juicio en marzo del pasado año en contra de lo interesado por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía el archivo provisional al entender que no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho que se les imputa a los tres.
«Se trata de hechos que no solo exceden del objeto propio de esta pieza -centrado en exclusiva en el delito de cohecho- sino porque además todas estas circunstancias ya son investigadas en los procedimientos judiciales seguidos en los Juzgados de Instrucción de Madrid, no resultando conforme a Derecho que unos mismos hechos sean investigados en dos juzgados diferentes», indicó la Fiscalía.
Cabe recordar que la primera fecha programada para la celebración de la vista oral de esta pieza separada número 24 del conocido como ‘caso Villarejo’ se anuló en primera instancia y quedó reprogramada a petición de las partes.
