La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº2 de Granada, Aurora Angulo, ha decidido inhibirse en la causa por la que Juana Rivas pide que su hijo menor de 10 años se quede en España con ella y no regrese con su padre a Italia. Considera que no es un asunto de su competencia.
Hasta que el asunto se resuelva, el menor permanecerá en España al seguir vigente la suspensión provisional de entrega a su progenitor adoptada el pasado martes por el juzgado de guardia.
El juzgado de Violencia devuelve el procedimiento al Juzgado de Instrucción 4 de Granada al considerar que no es competente en este causa, si bien las medidas cautelares adoptadas por este último el pasado martes, en funciones de guardia, se mantienen y el menor permanecerá en España hasta que el asunto se resuelva.
Dicho juzgado de guardia tomó esta decisión a consecuencia de la petición de la Fiscalía de Granada y de los letrados de Rivas, el equipo jurídico de Aránguez Abogados. Tras escuchar al pequeño, este juzgado decidió paralizar su entrega al considerar que su testimonio era «serio y convincente».
El menor, que llegó a España el 22 de diciembre para visitar a su madre y a su hermano de 18 años, temía por su seguridad al relatar que su integridad física estaba en peligro. Hay que recordar que la Justicia italiana está investigando al progenitor, que tiene su custodia, por presuntamente maltratarle.
La semana pasada, el abogado Carlos Aránguez comentó que el menor nada más llegar a España manifestó que su padre le coaccionaba, le amenazaba y le obligaba a mentir sobre el maltrato que sufría para declarar a su favor en el procedimiento italiano.
Esta decisión tomada por la jueza del Nº2 de Granada ha hecho que los abogados de Rivas carguen contra ella. Aseguran que el niño «se queda aquí», que ya está escolarizado y que seguirán luchando para que esa decisión provisional tomada por el juzgado de guardia sea definitiva.
Los abogados de Rivas señalan a la jueza
«Esta es la jueza que archivó en un cajón la denuncia que cursó Juana Rivas nada más llegar a España, huyendo de su maltratador en fecha 12 de julio de 2016», han comentado. Algo que, según han señalado, incumplía el artículo 17 del Estatuto de la Víctima al considerar que la jueza tendría que haber ordenado la traducción de la denuncia.
Ello no se hizo hasta un año después cuando la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, se dirigió a múltiples instancias administrativas y judiciales, «denunciando ese lamentable error judicial».
A ello han añadido que, 8 años después de ese episodio, la protección del menor y de Rivas «vuelve a estar en manos de la misma jueza», la cual, ha dictado un auto en el que explica que «los hechos no son constitutivos de violencia de género, y que no resultan de su competencia».
«También ha dictado otro auto por el cual deniega las medidas de protección legalmente previstas en el artículo 158 del Código Civil al hijo menor de la pareja Arcuri Rivas».
De modo que han calificado de «hecho gravísimo» que «una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre».
