El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, sostiene que desde la asociación judicial «Consideramos desacertado excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, limitándose al juicio oral. Debe garantizarse que la acusación popular tenga plenos derechos procesales».
A su juicio, si la acusación popular está personada en la causa, debe poder hacerlo en las mismas condiciones que la acusación particular.
Añadió que «la regulación de la acusación popular debiera realizarse en el anunciado proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir».
Juezas y Jueces para la Democracia también se muestran «disconformes con incluir una nueva causa de abstención y recusación de la judicatura por realizar públicamente declaraciones a favor o en contra de partidos, sindicatos o asociaciones».
En este sentido, señala que «la judicatura también es ciudadanía y es libre de opinar, aunque debe hacerlo con prudencia, para evitar comprometer la imagen de imparcialidad judicial«.
Convertir la ley en lo que dice el Tribunal Supremo
A raíz de la proposición de ley registrada por el PSOE, Rodríguez apuntó que «exigir rigor al admitir denuncias o querellas, que no pueden basarse en simples informaciones periodísticas, ya lo exige la jurisprudencia, de modo que se convertiría en ley lo que dice el Tribunal Supremo».
Por otra parte al portavoz de JJpD le parece «un acierto la derogación del delito ofensa a sentimientos religiosos» del artículo 525 del Código Penal, «garantizando así plena libertad de expresión«.
En la propuesta del PSOE se indica se trata de «un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal».
