Marcos García Montes: «Sin la acusación popular la corrupción habría quedado impune en España»
Marcos García Montes ha intervenido en 42 casos como acusación popular desde el principio de este periodo democrático que disfrutamos. La preservación de esta figura es esencia para el Estado de Derecho, afirmó.

Marcos García Montes: «Sin la acusación popular la corrupción habría quedado impune en España»

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24/1/2025 00:45
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Actualizado: 24/1/2025 00:11
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Tiene 76 años y sigue siendo uno de los abogados penalistas más mediáticos y reputados de España. Marcos García Montes, con 52 años de ejercicio profesional, además, es uno de los grandes expertos en la acusación popular -o acción popular, como también se la define–. A lo largo de su conocida carrera ha dirigido la acusación popular de 42 casos, todos ellos contra la corrupción.

Por eso afirmó ayer, en un tono de seguridad que no admitía duda alguna, «Sin la acusación popular la corrupción habría quedado impune en España». Por eso se mostró diametralmente contrario a la iniciativa legislativa del gobierno del PSOE para recordar la figura de la acusación popular, un recurso legal profundamente arraigado en nuestro derecho que se ha consolidado como una herramienta esencial para garantizar la justicia y el control democrático.

«Ni Franco lo prohibió durante los 40 años en los que estuvo en el poder», afirmó ayer García Montes durante la entrevista que le realizó Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales en Okdiario, en el marco de las I Jornadas Jurídicas que este diario digital ha organizado en Marbella y que entre ayer y hoy se están celebrando en el Hotel Don Pepe.

FILESA, MALESA Y TIME EXPORT

Entre las causas que artículo legalmente como acusación popular destacó el caso Filesa, un ejemplo paradigmático de cómo la acusación popular logró desvelar y combatir redes de corrupción política.

En este caso, se investigó la financiación ilegal del PSOE en los años noventa, logrando la condena de dos figuras clave del partido socialista, el diputado Carlos Navarro y el senador Josep María Sala, por su participación en el conglomerado Filesa, Malesa y Times Export.

Según García Montes, “la acción popular fue la llave que permitió abrir puertas que, de otro modo, habrían permanecido cerradas. Sin ella, la sociedad habría sido testigo de cómo un delito de esta magnitud quedaba impune”.

También recordó otros grandes casos igual de relevantes en el que fue protagonista, como los de Fondos reservados, Roldán, Juan Guerra, Ibercorp, cesiones de crédito, Botín, Atutxa y escuchas ilegales, por citar algunos de gran relevancia y que tuvieron fuertes impactos en el devenir político español.

“La acción popular nos permitió actuar en nombre de la ciudadanía para que la justicia prevaleciera. No estábamos solo defendiendo a víctimas concretas, sino también los principios de transparencia y buen gobierno. Fue una herramienta única que no solo protegió bienes jurídicos colectivos, sino que también sirvió como contrapeso al poder, especialmente cuando las instituciones no actuaban con la contundencia o la celeridad necesarias”, añadió.

«La relevancia histórica y los logros de la acusación popular son innegables», subrayó. «Su limitación entraña unos riesgos evidentes para nuestro Estado de Derecho. Y entraña una evidente intencionalidad política. Porque estos casos, como bien ha recordado el magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, solo representan el 0,0007 % de todas las causas sobre las que tiene que dirimir la Justicia. Es evidente a quien afecta más a la clase política. Los romanos siempre se preguntaban ‘quo prodest?’, a quien beneficia su limitación. Es evidente».

De acuerdo con García Montes, “La acción popular tuvo su origen en el derecho romano, hace 27 siglos, y estuvo presente en nuestro sistema jurídico desde las Partidas de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Luego, Manuel Alonso Martínez la incluyó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que está vigente en nuestros días. Y ahora en nuestra Constitución de 1978. Esta figura permite a cualquier ciudadano, sin necesidad de ser directamente perjudicado, ejercer un papel activo en la persecución de delitos que afectaban a la sociedad en su conjunto».

El abogado resaltó que la acción popular no solo resultó relevante en casos de corrupción, sino también en otros ámbitos, como los delitos de narcotráfico, violencia de género y crimen organizado.

“Por ejemplo, en el ámbito de los delitos sexuales, las asociaciones que representaron a las víctimas hicieron un trabajo extraordinario utilizando esta herramienta. Fue esencial que se mantuviera su capacidad de actuar, porque en muchos casos fueron estas organizaciones las que aportaron la fuerza necesaria para llevar a los tribunales a los culpables”, destacó.

ES UNA FORMA DE CONTROL DEMOCRÁTICO Y UN PILAR DE LA DEMOCRACIA

García Montes destacó cómo la acción popular resultó crucial para garantizar la transparencia en tiempos de crisis política y social. “La acusación particular no solo actuó como un mecanismo de justicia, sino también como una forma de control democrático. Permitió a la ciudadanía tener voz en la justicia, sobre todo en aquellos casos en los que el sistema podía fallar”, argumentó.

El abogado recordó que en los últimos años, se plantearon reformas legales que buscaron limitar el alcance de la acusación popular, restringiéndola únicamente a casos donde existiera un interés directo. Pero no se materializaron.

“Se intentó reducir el papel de esta figura mediante reformas legislativas diseñadas para proteger intereses específicos. Esto fue inaceptable, porque la justicia debió estar por encima de cualquier interés partidista”, aseguró.

Para García Montes, la acción popular no fue solo una herramienta jurídica, sino un símbolo de la lucha por la justicia y la transparencia. “Es una institución que pertenecie al pueblo, no a los políticos ni a las élites. Su función es garantizar que nadie esté por encima de la ley, y eso incluye a quienes ocuparon los cargos más altos”, subrayó.

El abogado concluyó con un llamamiento a proteger esta figura: “Debemos recordar que la acción popular fue uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Sin ella, muchas de las conquistas de justicia y transparencia que logramos habrían estado en peligro. Es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que siguiera siendo una herramienta accesible y eficaz para todos los ciudadanos”.

La acusación popular no es un vestigio del pasado, sino una pieza clave para un futuro en el que la justicia sea verdaderamente igualitaria y accesible. En un contexto de crecientes desafíos para el Estado de Derecho, su preservación y fortalecimiento resultan más importantes que nunca.

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