El Pleno del Tribunal Constitucional afronta este martes un debate inédito: si puede interferir en la decisión de un tribunal ordinario de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La discusión parte del caso de los ERE, cuya Audiencia Provincial en Sevilla se plantea acudir a la justicia europea tras la anulación por el TC de varias condenas, y se extiende también a un reciente caso similar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que afecta a Cabify.
Aunque no se prevé una resolución formal, el llamado “debate jurídico” impulsado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, servirá para fijar posición.
En principio, la postura que se vislumbra es unánime: no se puede impedir a la Audiencia de Sevilla ni a ningún otro órgano jurisdiccional elevar una cuestión prejudicial, porque hacerlo sería incompatible con el Derecho de la Unión.
Cinco informes internos del TC
Así lo recogen hasta cinco informes internos encargados por magistrados tanto del ala progresista como del ala conservadora del Constitucional, según han confirmado fuentes jurídicas a este medio. Los últimos deslizan que la exigencia indebida de explicaciones ya es un abuso.
Entre ellos, destacan dos informes redactados por letrados adscritos a los magistrados conservadores César Tolosa y José María Macías, y otros dos solicitados por el propio Conde-Pumpido.
Uno de estos informes sostiene que impedir un reenvío prejudicial “podría suponer una infracción del principio de independencia judicial” y exponer a España a una condena del TJUE.
Otro texto, encargado por Macías, recalca que “la decisión de plantear una cuestión prejudicial no es susceptible de recurso alguno ni puede ser revocada o anulada por otro tribunal”, incluido el propio TC.
En la misma línea, uno de los documentos promovidos por Conde-Pumpido afirma que es una “premisa insoslayable” poder acudir al TJUE, y que la prudencia institucional impide al Constitucional sugerir cualquier actuación que condicione esa posibilidad.
No obstante, una de esas notas también advierte contra el uso instrumental de la cuestión prejudicial como forma de impugnación de resoluciones del TC, alertando de que ello podría quebrar la imparcialidad judicial.
El asunto reviste especial relevancia por su carácter inédito. “Nunca antes se había producido un debate así en el Tribunal”, indican fuentes del entorno del Constitucional.
En el mismo, intervendrán todos los magistrados que lo deseen, sin que se espere una votación ni la presentación de ponencias formales, a pesar de que la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán (progresista) y Ricardo Enríquez (conservador) figuran como ponentes de los casos de la Audiencia de Sevilla y el TSJM.
La Audiencia de Sevillay el TJUE
La providencia que originó la polémica fue dictada por la Audiencia sevillana el pasado febrero, en la que no se planteó aún formalmente la cuestión prejudicial, pero sí se pidió opinión a las partes sobre una eventual consulta al TJUE, tras entender que podría haberse producido una “invasión competencial” del TC al anular algunas condenas.
Aunque el Ministerio Fiscal ha desaconsejado esa vía, argumentando que las dudas pueden resolverse conforme al derecho interno, todo apunta a que el tribunal sevillano mantiene abierta la puerta a Europa.
El Pleno del Constitucional, por su parte, ha rebajado el tono del conflicto a un mero “intercambio de opiniones jurídicas”, descartando actuar contra las providencias y desechando cualquier interferencia.
