En poco menos de diez días se ha articulado a nivel nacional, de forma espontánea de jueces y fiscales y al margen de asociaciones a través de un grupo de WhatsApp. Foto: Confilegal.
Un movimiento inédito de más de 1.000 jueces y fiscales elevan su voz en defensa de la independencia judicial
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25/5/2025 00:45
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Actualizado: 25/5/2025 11:13
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Más de mil jueces y fiscales, coordinados a través de un grupo de WhatsApp autotitulado «Proyecto de estabilización», ha hecho pública una carta abierta en la que se dirige al conjunto de miembros de ambas carreras para proponer una medida de presión sin precedentes: la convocatoria de una huelga como “reacción legítima” al Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de mayo pasado.
La carta ha sido promovida por un comité provisional respaldado —según afirman— por miles de profesionales, y se presenta como el inicio de un movimiento “transversal y apolítico” en defensa de la independencia judicial.
Dicho proyecto de ley contiene la modificación de los procesos selectivos para el acceso a la carrera judicial y fiscal, adaptándolos a la realidad social y académica –sustituyendo el tercer ejercicio oral por una prueba práctica escrita que busca valorar el razonamiento jurídico y la capacidad de aplicar conocimientos a casos concretos, en lugar de centrarse únicamente en la memorización–.
También establece la creación del “cuarto turno” en la carrera fiscal (ya existente en la judicial), permitiendo el acceso de juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Y se establece el procedimiento extraordinario de estabilización para los 900 jueces sustitutos y los 331 fiscales sustitutos.
El documento, redactado con un tono contundente pero mesurado –al que ha tenido acceso Confilegal– deja claro que el malestar generado por el proyecto legislativo trasciende diferencias asociativas y jerárquicas dentro de las carreras.
«Sin perjuicio de la redacción meditada de un manifiesto que precise nuestras reivindicaciones, anticipamos que, a nuestro juicio, las medidas introducidas por el mencionado Proyecto de Ley Orgánica no solucionan verdaderamente los problemas reales de la Administración de Justicia«, dice la carta abierta.
REFORMAS REALES
«Consideramos que tanto la reforma de los actuales procesos de selección de jueces y fiscales como la posible estabilización de cualquier profesional del Derecho que, con cinco años de ejercicio profesional, pueda devenir miembro de cualquiera de las dos Carreras elaborando un dictamen, juegan en detrimento de la profesionalidad de la Justicia y de la independencia del proceso selectivo«, añade.
«La Carrera Judicial y Fiscal necesitan que se deje a la Administración de Justicia al margen de intereses políticos y equilibrios parlamentarios, de los que es ajena. Y es que nuestra única función es servir a los ciudadanos», subraya.
Aunque anuncian la futura elaboración de un manifiesto más detallado, los promotores de la iniciativa anticipan ya su postura: “Solicitamos reformas reales y no estéticas, reformas que refuercen nuestra independencia, nos doten de medios para realizar nuestro trabajo y que fortalezcan la profesionalización e independencia plena de nuestros colectivos”.
El comité provisional exige que la Administración de Justicia quede “al margen de intereses políticos y equilibrios parlamentarios”, recordando que la función de jueces y fiscales es servir exclusivamente a la ciudadanía.
El escrito subraya el carácter inclusivo de la iniciativa, dirigida no solo a los miembros en activo de ambas carreras, sino también a los opositores que actualmente se preparan por el turno libre, a quienes aseguran que también están defendiendo su derecho a un sistema de acceso imparcial y riguroso. “Nuestros esfuerzos también van dirigidos a defender el actual sistema de acceso como el que mejor garantiza el ingreso en las dos Carreras y la máxima independencia de sus miembros”, reza la carta.
El texto finaliza con una declaración de principios: la defensa de una Justicia centrada en el ciudadano, “profesional, independiente y de calidad”, como garantía esencial del Estado Democrático de Derecho. Y manda un mensaje claro: los jueces y fiscales están dispuestos a utilizar “todos los medios a nuestro alcance, incluida una huelga”.
La carta abierta está firmada por siete personas. Tres de ellas son magistrados, José Rubido de la Torre, Cristina de Vicente Casilla y Jesús Manuel Villegas Fernández. Dos son jueces, Rafael Ruiz de la Cuesta Vela y Cristina Merlo Llanos. Uno es abogado fiscal, Jhon Alexander Erazo Mendieta, y una es alumna fiscal, de la última promoción, María Ruiz de la Cuesta Vela.
CÓMO NACIÓ EL MOVIMIENTO
El movimiento nació en el grupo de WhatsApp de una de las últimas promociones de jueces poco menos de 24 horas de que se conociera la aprobación, por el Gobierno del mencionado proyecto.
Lo que hace 20 años, antes de que nacieran los grupos de WhatsApp y las redes sociales hubiera costado un mínimo de ocho meses que se materializara, gracias precisamente a ello, ha permitido que se hiciera realidad en apenas unos días.
De acuerdo con los organizadores, el grupo, que tiene un límite máximo de 1.024 miembros, se ha superado ampliamente. Y sigue aumentando en otro grupo espejo. El descontento es la amalgama que une a todos.
«No buscamos enfrentamientos. Ni con los políticos ni con las asociaciones de jueces y de fiscales. Somos como un río. Vamos a llegar al mismo destino, al mar. Podemos discurrir de forma paralela o podemos juntarnos», explican desde este grupo.
UN PARO CONVOCADO POR 5 ASOCIACIONES, 3 DE JUECES Y 2 DE FISCALES
El pasado jueves, tres de las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI)– dos de las tres de fiscales –la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– convocaron un paro conjunto de 10 minutos el día 11 de junio a las 12 horas en las puertas de las sedes judiciales para mostrar su rechazo precisamente a lo mismo que este movimiento de jueces y fiscales: el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.
Al margen se han quedado las dos asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
Las firmantes exigen la retirada del proyecto de ley que modifica el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, al considerar que introduce medidas que atentan gravemente contra la independencia judicial.
En su opinión, el proyecto de ley no responde a una necesidad social real ni contribuye a resolver los problemas estructurales que arrastra la Justicia, sino que, por el contrario, incrementa el riesgo de politización del sistema y socava los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Asimismo, reclaman que se paralice el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), al entender que su objetivo de adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal —que atribuye al Ministerio Público la dirección de las investigaciones penales—, lo que supone una transformación de enorme calado sin las garantías necesarias.
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