LaLiga no tiene dudas: si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de amparo que Rooted.CON y otras entidades han interpuesto por una supuesta vulneración de derechos fundamentales, responderá con toda firmeza.
La medida impugnada es la orden judicial que permite a LaLiga y a Telefónica realizar bloqueos exprés de plataformas piratas durante los fines de semana en los que se celebran competiciones deportivas. Una orden cuya validez ya ha sido confirmada judicialmente tras un recurso de nulidad planteado por los mismos actores.
Así lo afirmó ayer Guillermo Rodríguez, director de Operaciones Antifraude Digital y Audiovisual de LaLiga, durante la mesa redonda celebrada en el ISDE Sports Convention bajo el título La lucha contra la piratería en el deporte.
El evento estuvo moderado por Alberto Eljarrat, presidente de la Fundación Sportium, y contó también con la participación de Ignacio Arrola, director de Marketing de Mediapro, y Diego Dabrio, director de Antipiratería en el área legal de UEFA.
LaLiga sostiene que esta herramienta es “la última medida” ante la pasividad deliberada de determinados proveedores de servicios tecnológicos, a los que notifica de forma masiva —en ocasiones más de 90.000 veces por temporada— la existencia de contenidos ilegales en sus servidores.
“Estamos dispuestos a cambiar la forma en la que les reportamos. Lo hemos intentado todo. Pero no quieren colaborar”, afirmó Rodríguez.
Además del recurso de amparo, el frente judicial y administrativo se ha ampliado.
La Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo. Y la primera un escrito ante la Comisión Europea, en la misma línea.
Alegan que se están produciendo bloqueos masivos y arbitrarios por parte de LaLiga y Telefónica sin garantías suficientes, al amparo de una única resolución judicial.
Rodríguez respondió sin ambages: “Por supuesto que vamos a plantar cara. Llevamos más de diez años combatiendo la piratería, que es el principal enemigo de la sostenibilidad del deporte. Estamos preparados para dar esta batalla”.
LaLiga, Mediapro y UEFA, unidos en la defensa de la industria frente a las mafias de la piratería audiovisual
Los representantes de las tres grandes organizaciones denuncian la impunidad tecnológica y reclaman una reforma legal que obligue a actuar a los intermediarios digitales
En un tono firme y didáctico, los expertos en antipiratería audiovisual de LaLiga, UEFA y Mediapro reclamaron una respuesta legal y tecnológica más eficaz frente a lo que definieron sin ambages como redes criminales organizadas.
“La piratería no es un chaval con capucha en un garaje. Son mafias con servidores, estructuras internacionales y ánimo de lucro”, explicó Ignacio Arrola, de Mediapro. Guillermo Rodríguez (LaLiga) cifró las pérdidas anuales para el fútbol español entre 600 y 700 millones de euros, lo que equivale a que una docena de clubes no reciban ingresos por derechos televisivos. “Esto pone en riesgo no solo a los clubes profesionales, sino a todo el ecosistema: deporte base, femenino, federaciones, y hasta el Comité Olímpico Español”, detalló.
Los ponentes coincidieron en señalar a ciertos intermediarios tecnológicos como cómplices necesarios. “No están en un sótano en Lagos. Están aquí, en Europa, y muchas veces se lucran sin mover un dedo para impedirlo. Cuando les notificamos contenido ilegal, no hacen nada”, denunció Rodríguez.
Diego Dabrio, de UEFA, subrayó que el 85 % de los ingresos de la UEFA proviene de los derechos audiovisuales, y el 97 % de esos fondos se reinvierte en el fútbol base y amateur.
El problema, explicaron, no es de monitorización: “La tecnología existe, y cuando hay voluntad, funciona. Hemos alcanzado acuerdos con redes sociales donde el 95 % del contenido denunciado se elimina en tiempo real. Pero la mayoría no quiere colaborar”, explicó Dabrio.
De hecho, solo un 10,8 % del contenido denunciado en directo se elimina en los primeros 30 minutos, un dato demoledor cuando se trata de partidos de fútbol o eventos deportivos.
Los tres expertos pidieron que la cooperación deje de ser voluntaria y pase a ser obligatoria por ley. “Hace falta una reforma legal clara. La actual directiva europea y la Ley de Servicios Digitales no son suficientes”, concluyó Dabrio.
El debate no eludió una cuestión incómoda: la actitud del consumidor final. “Ver fútbol pirata es robar”, insistieron. Y añadieron: “Las justificaciones sobre el precio no valen. No se roba aceite porque esté caro. Si tú te conectas a un canal ilegal, estás alimentando a una red criminal, y además estás poniendo en riesgo tus datos personales”.
Los responsables también dejaron un mensaje claro para los poderes públicos: la justicia llega tarde. “Ponemos más de 100 denuncias al año, y el 80 % sigue en un limbo procesal. Algunas tardan cinco años en resolverse. Así no se puede luchar contra organizaciones que operan con servidores en Malasia, Rusia o la Europa del Este”, lamentó Arrola.
El mensaje final fue rotundo: “Necesitamos menos buenismo legal, y más responsabilidad real y moral. La piratería no es un derecho. Es un delito. Y está en juego la sostenibilidad de toda la industria del deporte”.
