En el escrito, fechado ayer lunes, Arnaldo, catedrático de derecho constitucional, lamenta que la respuesta de Conde-Pumpido a su petición de ampliar el calendario de plenos no cumple con el objetivo de garantizar un debate sereno y riguroso.
La queja de Arnaldo se centra en que el presidente del TC habilitó únicamente la última semana de junio —incluyendo lunes y viernes— para resolver un asunto de “trascendencia histórica”, sin dar margen suficiente para una discusión reposada.
Según el magistrado, ese ajuste transmite a la sociedad que la sentencia debe estar lista antes de que termine el mes, lo que convierte el debate jurídico en una “sucesión de intervenciones que se cruzan pero no se encuentran”.
Arnaldo había propuesto habilitar los plenos de julio para poder “articular una serie de debates sucesivos, pero espaciados”, evitando así lo que califica como una “acumulación agotadora de sesiones extenuantes”.
Reivindica un modelo deliberativo en el que se intercambien argumentos y se busque una posición común, como ocurrió en decisiones clave del TC: el caso Rumasa, el Estatuto de Cataluña, el artículo 155 por el ‘procés’ o el estado de alarma por la pandemia.
“La prisa es mala consejera, más aún cuando no hay ninguna razón objetiva para urgir una decisión”, afirma el magistrado, recordando que la ley de amnistía es una de las sentencias más relevantes en los 45 años de historia del Constitucional.
Como elemento añadido, Arnaldo señala la proximidad de la vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), prevista para el 15 de julio, sobre la cuestión prejudicial relacionada con el procedimiento contable del 1-O.
Considera que este hecho justifica aún más apartarse de un “calendario de vertiginoso ritmo”.
En su carta, el magistrado también reprocha al presidente del TC haber conocido la respuesta institucional a través de la prensa, antes de recibir comunicación formal.
Cierra el escrito con una reflexión sobre la responsabilidad del tribunal como garante último de los valores constitucionales, subrayando que su objetivo no es polemizar, sino contribuir a una “reflexión ponderada” sobre la misión institucional del Constitucional.
La ley de amnistía ha sido uno de los puntos más controvertidos del panorama político y jurídico reciente en España, generando fuertes divisiones no solo entre partidos, sino también entre instituciones.
La postura crítica de Enrique Arnaldo añade un nuevo elemento al debate interno del Constitucional, especialmente por tratarse de un magistrado propuesto por el Congreso a instancias del PP, en contraste con la actual mayoría progresista del tribunal.
