La protesta ya tiene fecha, hora y escenario. Este sábado, a las 12:30, frente al Tribunal Supremo, comenzará la cuenta atrás para uno de los pulsos más tensos entre la magistratura y el Gobierno de los últimos años. Las principales asociaciones de jueces y fiscales (la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales —todas excepto las de orientación progresista—) se concentrarán en defensa de un modelo de Justicia que, aseguran, está siendo reformado sin diálogo real, a golpe de urgencia legislativa y con el riesgo de debilitar los pilares de la independencia judicial.
La protesta, que se enmarca como antesala de la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio, no es un acto político en el sentido tradicional. No hay pancartas partidistas ni discursos encendidos.
Hay un manifiesto. Y un mensaje.
Según los convocantes, lo que está en juego no es una cuestión de condiciones laborales ni de competencias técnicas, sino algo más esencial: el equilibrio de poderes en un sistema democrático.
Desde el paro simbólico del pasado 11 de junio —apenas diez minutos frente a las sedes judiciales—, las asociaciones han advertido que las reformas impulsadas por el Ministerio de Presidencia y Justicia representan un riesgo real de degradación institucional.
Se refieren, sobre todo, a dos medidas: la modificación del acceso a las carreras judicial y fiscal, y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que reforzará el poder del fiscal general del Estado, nombrado directamente por el Gobierno.
CUESTIONAN EL MÉTODO, EL FONDO Y LAS PRISAS
Dicen que no se oponen a la modernización del sistema. Lo que cuestionan es el método, el fondo y las prisas. Señalan que la vía de urgencia evita los filtros técnicos, reduce el debate parlamentario y aleja el proceso del escrutinio público.
Y temen que detrás de los términos como “modernización” o “eficiencia” se esconda una tendencia inquietante: transformar el Poder Judicial en una estructura más dócil, más permeable a las presiones políticas y mediáticas, más funcional a los intereses del Ejecutivo de turno.
No es casual que hayan elegido el Supremo como lugar de concentración. Allí, recuerdan, se examinan quienes aspiran a ser jueces y fiscales. Un edificio que simboliza la cima del esfuerzo, la exigencia técnica y la imparcialidad como principio de servicio público.
Por eso hablan de una protesta “simbólica e institucional”, no contra un poder del Estado, sino en defensa del que consideran el más frágil y, a la vez, el más necesario: el que no vota, no legisla, pero sí garantiza que lo uno y lo otro respeten los derechos fundamentales.
Pese a los intentos de diálogo, las posiciones siguen alejadas. Las asociaciones denuncian que la reforma debilita el mérito y la objetividad en el acceso a la carrera judicial.
Y que en el caso de la Fiscalía, lo que se busca es reforzar la cadena de mando vertical sin reforzar, en paralelo, sus garantías de autonomía. Un movimiento que, advierten, va en sentido contrario al que marca Europa cuando habla de lucha contra la corrupción y separación de poderes.
Desde el Ministerio, en cambio, se defiende la reforma como una adaptación necesaria al presente: más inclusiva, más accesible, más coherente con el sistema judicial europeo.
Pero los matices no han bastado. La reunión del pasado 4 de junio entre representantes del Gobierno y las asociaciones críticas no sirvió para acercar posturas. Al contrario. Los convocantes la describen como “estéril” y “cerrada”; el Gobierno, como “respetuosa” y “constructiva”.
Así se llega al sábado: con un acto solemne frente al Supremo, cargado de símbolos y advertencias.
Y con la huelga del 1 al 3 de julio marcada en el calendario como una señal de hasta dónde están dispuestos a llegar jueces y fiscales para defender su papel en el engranaje democrático. No por ideología —aseguran—, sino por convicción institucional.
Queda por ver cómo responderá el Gobierno. Y si esta cuenta atrás desemboca en una rectificación, en una negociación real… o en una fractura más en la ya deteriorada arquitectura de consensos que debería sostener el Estado de Derecho.
