Tres de las cuatro asociaciones de jueces y dos de las tres de fiscales preparan la convocatoria ordenada de la concentración prevista para mañana, sábado 28 de junio, frente al Tribunal Supremo, a la que seguirá una huelga de tres días —1, 2 y 3 de julio— si no se retira el actual proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal.
La protesta, planteada como una acción institucional, pretende visibilizar el rechazo del colectivo al proyecto legislativo que, según denuncian, amenaza la independencia judicial y desvirtúa el modelo de separación de poderes.
Un acto simbólico y cuidadosamente organizado
La concentración tendrá lugar a las 12:30 horas en la Plaza de la Villa de París, aunque recomiendan a los asistentes acudir a partir de las 12:00 para facilitar el desarrollo ordenado del acto.
Los organizadores subrayan que no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una manifestación cívica destinada a defender los pilares del Estado de Derecho.
El acto contará con la intervención de los portavoces nacionales de las asociaciones convocantes (María Jesús del Barco, por la Asociación Profesional de la Magistratura, Sergio Oliva, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Fernando Portillo, por Foro Judicial Independiente, Cristina Dexeus, por la Asociación de Fiscales y Miguel Pallarés por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) quienes darán lectura a un manifiesto conjunto.
La organización insiste, en un comunicado hecho público, en que el tono del evento será «estrictamente institucional» y se desarrollará al margen de cualquier sigla partidista.
Bajo el lema «Sin Estado de Derecho no hay democracia», se espera una importante participación de operadores jurídicos y ciudadanos.
Se han previsto autobuses desde distintos puntos del país, que estacionarán en la calle Alfonso XII, junto al Retiro, bajo coordinación con la Policía Municipal. La seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente serán supervisados en todo momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Huelga en julio si no hay rectificación
La concentración del sábado será solo el primer paso. En caso de que no se retire el proyecto de ley, las asociaciones judiciales y fiscales han convocado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio.
Esta medida se anuncia como legítima, proporcionada y responsable, orientada a la defensa de los principios esenciales del Estado de Derecho y de las condiciones profesionales del colectivo.
A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ha reiterado que no reconoce base normativa para el ejercicio del derecho de huelga por jueces y magistrados, las asociaciones convocantes se apoyan en el artículo 28.2 de la Constitución Española y en la jurisprudencia constitucional para defender su legitimidad.
Servicios mínimos garantizados
Aunque ni el CGPJ ni la Fiscalía General del Estado han fijado servicios mínimos, el Comité de Huelga ha publicado un detallado protocolo para garantizar que se atiendan todas las actuaciones inaplazables: guardias con detenidos, medidas cautelares urgentes, intervenciones con menores o personas vulnerables, y otras actuaciones cuya suspensión pueda suponer un perjuicio irreparable.
Llamamiento a la participación y visibilidad
Además de la presencia física, las asociaciones han animado a la difusión activa en redes sociales bajo el hashtag #JusticiaEnHuelga, para informar a la ciudadanía de los riesgos que, según el colectivo, entraña la reforma planteada para la independencia judicial y la estructura institucional del país.
Tras los tres días de huelga, las organizaciones evaluarán la respuesta institucional y no descartan nuevas medidas.
