El Consejo General del Poder Judicial pondrá fin este miércoles a un bloqueo de meses que mantenía en vilo dos presidencias clave del Tribunal Supremo. Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, los candidatos apoyados por el sector conservador (Lucas está encuadrado en el sector progresista), ocuparán definitivamente las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo tras la retirada de sus rivales.
La decisión de Ana Ferrer y Pilar Teso de abandonar sus candidaturas el pasado jueves despeja un enfrentamiento que parecía irresoluble. Ambas magistradas, respaldadas por el bloque progresista, optaron por el pragmatismo ante la evidencia de que no lograrían los 13 votos necesarios para la designación.
Salas de alto voltaje político
No se trata de presidencias menores. La Sala de lo Penal del Supremo investiga y juzga a aforados: ministros, senadores, diputados y otros altos cargos como el fiscal general del Estado. Es la que tiene en sus manos casos como el de José Luis Ábalos o la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, por su parte, controla la legalidad de las decisiones del Ejecutivo cuando estas son recurridas.
El enfrentamiento venía de lejos. En mayo, el Pleno del CGPJ votó por primera vez estas designaciones con un resultado revelador: diez votos para cada bloque y la abstención de la presidenta Isabel Perelló.
El empate técnico evidenció una fractura que el paso del tiempo no ha conseguido cerrar.
«Interés de servicio público»
Ferrer justificó su decisión en una carta dirigida a Perelló: «El mismo interés de servicio público que me animó a presentarme, me anima ahora a renunciar».
Su argumento es contundente: «La Sala Segunda, dada la naturaleza de los asuntos que conoce, no merece perpetuar su funcionamiento con una presidencia en funciones».
La magistrada alertó sobre el deterioro de la confianza ciudadana «ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres».
Los progresistas defendían que sus candidatas tenían mejor programa de gobierno y, sobre todo, podían completar los cinco años de mandato.
Los conservadores contraatacaron destacando la veteranía de ambos y su «excelencia jurídica».
Martínez Arrieta –número 1 del escalafón judicial– tiene 70 años y se jubila el 13 de abril de 2027 y Lucas Murillo de la Cueva –número 3 del escalafón–, tiene 71 años y se jubila el 13 de julio de 2026.
Presiones
Fuentes judiciales apuntan que la decisión de Ferrer y Teso no fue únicamente personal. Hablan de «presiones» en sus respectivas salas para que no compitieran con veteranos que merecían «este colofón a su carrera profesional».
El temor a que se reabriera la convocatoria con candidatos menos idóneos completó esta «tormenta perfecta» que despejó el camino a los dos magistrados conservadores.
Este desbloqueo llega cuando el CGPJ cumple un año en funciones tras heredar más de cien nombramientos pendientes. El anterior Consejo permaneció más de cinco años en funciones por el desacuerdo entre PP y PSOE, lo que desde marzo de 2021 le impidió hacer designaciones discrecionales.
La estadística es reveladora. Los 135 nombramientos efectuados por este Consejo han sido por unanimidad; 58 han sido de mujeres; el 42.96 %.
Una treintena de designaciones siguen pendientes y se espera que queden resueltas en este mismo Pleno del miércoles.
Los progresistas confían en que el gesto de retirada de sus candidatas sea valorado por los conservadores con «ciertas concesiones» en esos nombramientos pendientes.
Será la primera prueba de si el pragmatismo de Ferrer y Teso ha abierto una nueva dinámica en el funcionamiento del CGPJ o si, por el contrario, ha consolidado el predominio conservador en la cúpula judicial.
