La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo y de su socio Rafael Redondo ha arrancado este lunes ante la Audiencia Nacional con un argumento ya conocido: la investigación que ha llevado a ambos al banquillo por el llamado ‘proyecto Saving’ fue «prospectiva y general», sin base suficiente para justificar las acusaciones.
Las investigaciones prospectivas son aquellas que se llevan a cabo buscando delitos, sin puntos de partida reales. Están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico.
La estrategia defensiva
El abogado de ambos encausados ha centrado sus alegatos iniciales sobre dos puntos clave. Primero, que la investigación judicial careció de fundamento específico, basándose únicamente en «vaga imprecisión» sobre «otros encargos similares» mencionados en la denuncia original del caso Villarejo.
Segundo, han denunciado una «acusación sorpresiva» por falsedad documental, argumentando indefensión al no estar suficientemente motivada esta imputación.
La Fiscalía Anticorrupción ha respondido con contundencia.
Según el Ministerio Público, desde el inicio constaba «la existencia de otros encargos similares al denominado ‘proyecto King'», ejecutados mientras Villarejo ejercía como comisario activo. «
El ‘proyecto Saving’ no fue conocido en una investigación prospectiva, sino amparada en sólidos indicios de delito», ha subrayado el fiscal.
Las acusaciones: 23 años de prisión
Anticorrupción solicita 23 años y seis meses de cárcel para Villarejo y 18 años y nueve meses para Redondo. Los delitos imputados incluyen cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad documental.
Además, pide que ambos indemnicen con 5.000 euros a cada persona espiada y el decomiso del medio millón de euros que José Moya pagó al Grupo CENYT por sus servicios.
El origen del conflicto
Todo comenzó en julio de 2011, cuando el empresario José Moya contactó con Villarejo para resolver un conflicto millonario con la constructora Martinsa-Fadesa. Moya había invertido más de 100 millones de euros en acciones de la compañía en 2007, adquiriendo un 5 % del capital social con un contrato de opción de venta que le permitía recuperar parte de la inversión.
El problema surgió cuando Martinsa-Fadesa entró en concurso de acreedores en julio de 2008. La administración concursal desconocía el contrato de opción de venta, impidiendo que Moya recuperase su dinero.
Fue entonces cuando decidió contratar los servicios del comisario para investigar «posibles irregularidades» en el procedimiento concursal.
La red de espionaje
Según la acusación, el ‘proyecto Saving’ implicó la obtención ilegal de información sobre personas relacionadas con la inversión y el concurso de Martinsa-Fadesa. El objetivo era conseguir datos comprometedores para utilizarlos en una eventual negociación.
Entre las víctimas del espionaje figuraba el presidente del banco de inversión Ahorro Corporación, quien había ofrecido a Moya la oportunidad de invertir en la constructora.
Villarejo y Redondo llegaron a hacerse con sus registros telefónicos completos entre el 1 y 18 de noviembre de 2011, accediendo tanto a llamadas entrantes como salientes.
La red se extendió también al director general de Ahorro Corporación y al abogado de Moya en los procedimientos judiciales posteriores, cuya pareja formaba parte de la administración concursal de Martinsa-Fadesa.
Por estos trabajos de investigación, Moya abonó 501.500 euros al Grupo CENYT a través de su empresa Persán SA. Los pagos se realizaron mediante facturas que, según la Fiscalía, manipulaban deliberadamente los conceptos de los servicios prestados para «ocultar la naturaleza de la relación comercial».
El juicio continuará con la práctica de pruebas, tras lo cual declararán los acusados, que han optado por ejercer su derecho a declarar al final del proceso.
