Tras dos años al frente de la portavocía de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, magistrado titular del Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife, se despide de un mandato intenso en uno de los momentos más complejos para la Justicia española de estos 50 últimos años.
Durante este tiempo ha tenido que hacer frente a críticas políticas, proyectos de ley que, según denuncia, ponían en riesgo la independencia judicial y una huelga que, aunque fue un éxito de participación, el Gobierno utilizó en su contra.
Canario, juez vocacional desde niño e inspirado por la figura de Sebastián Moya, Oliva ha defendido siempre una visión de la carrera judicial libre de etiquetas ideológicas, rechazando la vinculación de las asociaciones con partidos políticos.
Bajo su liderazgo, la asociación, de cuya dirección se despedirá en el marco de la Asamblea que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre próximos en La Coruña, ha crecido en afiliados.
Consciente de lo que queda por hacer —mejorar las condiciones laborales, afrontar el alto número de jubilaciones y evitar el colapso de los tribunales—, Oliva hace balance en esta entrevista.
Se despide con un sabor agridulce: orgulloso del apoyo recibido y de haber dado la cara en momentos difíciles, pero también con la sensación de que la Justicia sigue siendo incomprendida por la sociedad y utilizada por los políticos.
Especialmente crítico con la reforma de los tribunales de instancia, no duda en afirmar que “la gran transformación de la justicia ha nacido de la soberbia del Gobierno”, al no haberse escuchado a jueces, abogados ni funcionarios en un cambio de tanta magnitud.
¿Cuánto tiempo ha estado de portavoz?
Dos años.
¿En qué le ha cambiado?
La gente me reconoce por la calle y eso me ha quitado vida personal. Porque este un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana que hay que compaginar con el del juzgado. Esta experiencia me ha hecho ver que los jueces en España no somos comprendidos, ni por la sociedad ni por los políticos.
Entiendo lo de los políticos, pero, ¿por qué la sociedad?
Hoy en día la sociedad está muy polarizada, y muchos piensan que los jueces somos todos conservadores, contrarios al gobierno, machistas o incluso franquistas.
Esta visión, muy presente en parte de quienes apoyan al gobierno, nace sobre todo del desconocimiento: no se sabe bien en qué consiste la carrera judicial ni cómo trabajamos realmente.
Han sido dos años al frente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. En primera línea. ¿Qué experiencias se lleva?
Me quedo con el cariño de la sociedad y de mis compañeros, que me lo han hecho sentir, sobre todo por haber dado la cara en momentos difíciles para la justicia, tanto en los medios como en mis intervenciones públicas.
Al mismo tiempo, me queda la sensación de no haber logrado todo lo que quería para mejorar las condiciones de la carrera judicial. En los últimos dos años me he centrado en defenderla de ataques externos y de proyectos de ley que ponían en riesgo su independencia.
Por eso me voy con un sabor agridulce: satisfecho por lo hecho, pero consciente de lo que aún queda pendiente.
Ustedes son la segunda asociación en número de afiliados. ¿Han crecido en este último periodo?
Sí, hemos crecido. El año pasado sumamos 48 nuevos asociados y llegamos a 970. Este año también esperamos aumentar, probablemente alcanzando el millar.
Para hacerse una idea: en 2004 éramos 410. En estos 21 años hemos crecido un 54 %, mientras que la asociación mayoritaria lo ha hecho un 27 % en el mismo tiempo.
Nuestra asociación es, en esencia, un refugio para quienes quieren ejercer como jueces independientes, sin siglas, sin carnet y sin servir de altavoz a ningún partido político.
¿Qué piensa cuando nosotros los periodistas les ponemos la etiqueta de conservadores o centristas?
Cuando gobernaba el Partido Popular nos tachaban de progresistas, algo que a algunos compañeros les molesta cuando lo ven en los medios. Entiendo que periodistas o parte de la sociedad necesiten encasillar a las asociaciones, pero la realidad es que somos una organización judicial independiente.
La prueba está en que, en 40 años de democracia, solo hemos tenido un vocal en el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de contar hoy con casi mil jueces y duplicar en número a otras asociaciones. Esto puede parecer extraño, pero se explica al ver cómo funciona el sistema de designación de los vocales, controlado por decisiones políticas.
Recientemente vino la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que no es Unión Europea. ¿No tiene usted la sensación de que Europa realmente no pinta mucho en esto? No tiene capacidad coercitiva. No puede obligar al Gobierno a nada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando en Bruselas se valida la renovación del Consejo General del Poder Judicial pactada por PP y PSOE, lo que ocurre es que se aprueba una lista cerrada de 20 vocales en el Parlamento, sin cumplir con la parte esencial del acuerdo: cambiar el sistema de designación.
Eso significa, en la práctica, que Europa ha dejado a España en manos de dos partidos que buscan dar la impresión de controlar a “sus” vocales. Esa es la parte realmente preocupante.
Cada uno de los dos bloques del CGPJ respondieron al encargo del Parlamento de producir un sistema de elección de los 12 vocales jueces con una propuesta diferente. Ustedes tienen una tercera opción. ¿Cómo es?
De entrada, los jueces en España somos independientes. El problema aparece en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces y el encargado de nombrar a quienes ocupan los puestos más altos en los tribunales.
La forma de designar a los vocales influye en la percepción de independencia. Esa es la clave.
Nuestra asociación, junto con el Foro Judicial Independiente, pedimos un sistema electoral que refleje mejor la pluralidad de la carrera judicial. No se trata de un modelo mayoritario que deje fuera a las asociaciones más pequeñas, sino de uno representativo que garantice también la presencia de minorías y de jueces no asociados.
Nuestra propuesta es el sistema de “cuota decreciente”: cada votante elige seis candidatos de una lista de doce, asignándoles diferentes puntos según el orden. Así se evita que una sola asociación monopolice los nombramientos y se abre la puerta a una representación más justa en el Consejo.
La sensación desde el lado de la política es que dejarían de tener influencia en el CGPJ….
Si los jueces eligieran directamente a los 12 vocales judiciales del Consejo, se acabaría la idea de que los partidos controlan este órgano. Las asociaciones, incluidas las mayoritarias, perderían ese poder de influencia y también los jueces no asociados podrían tener representación.
Seguirían existiendo ocho vocales de elección política, pero serían minoría frente a los 12 elegidos por los propios jueces.
«Los ataques del Gobierno no solo dañan la imagen de toda la judicatura, sino que se debilitan la confianza de la ciudadanía en la independencia de los jueces. Y eso es realmente grave».
Usted sabe que la llamada reforma Bandrés de 1985, impulsada por el propio PSOE, estuvo impulsada por el hecho de que aquel CGPJ, el primero de la historia, elegido por la carrera judicial, fue una china en el zapato del primer gobierno socialista que contaba con 202 diputados de 350.
Aquel Consejo General del Poder Judicial se eligió con un sistema mayoritario dentro de la carrera judicial, distinto al que proponemos. En ese momento solo existía una asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, y entró completa en el CGPJ.
El problema es que ni siquiera las distintas corrientes internas de APM tuvieron representación, lo que dio lugar a un Consejo muy homogéneo. Prefiero no etiquetarlo como “conservador”, porque esas etiquetas simplifican demasiado la realidad.
Desde el Gobierno socialista del momento percibieron aquel CGPJ como…. ¿franquista? Yo sí me atrevo a ponerlas.
No lo viví directamente porque aún no estaba en la carrera, pero desde los debates de la Constitución ya existía esta discusión. El artículo 117 planteaba que los jueces eligieran a los 12 vocales judiciales, aunque el PSOE propuso en su momento un reparto 10 a 10, no 12 a 8 como se aprobó finalmente.
La primera Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 respetó la idea original de que fueran los jueces quienes eligieran a esos 12 vocales.
El problema llegó después, cuando el Tribunal Constitucional, en 1986, avaló una interpretación distinta, permitiendo que fueran los partidos quienes controlaran la elección. Eso nos ha llevado a la situación actual: durante 40 años, PP y PSOE han monopolizado el nombramiento de los vocales del Consejo.
¿Le duelen los ataques que se realizan desde la política, y, específicamente, desde el Gobierno contra los jueces?
Me duelen de una forma especial los ataques que se realizan desde la política contra los jueces especialmente porque no se mide la gravedad de esos mensajes. En los últimos tiempos no solo los ha transmitido el presidente del Gobierno, sino también el ministro de Justicia, al sostener que algunos jueces hacen política.
Los ataques del Gobierno no solo dañan la imagen de toda la judicatura, sino que se debilitan la confianza de la ciudadanía en la independencia de los jueces. Y eso es realmente grave.
Apelando a la libertad de expresión…
Pero la libertad de expresión, cuando afecta al honor y se calumnia a otra, a otros profesionales, no está permitida nuestro en nuestro Estado de Derecho.
Desde la Francisco de Vitoria están en contra de los planes del ministro Bolaños de “normalizar” a los 1004 jueces sustitutos. Una oposición en la que también están la APM, Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia. Unanimidad. ¿Por qué?
Esto supone un ataque al esfuerzo de miles de opositores que llevan años sacrificando su vida personal y profesional para lograr ser jueces o fiscales. Además, transmite un mensaje equivocado: que no importa la excelencia ni la preparación, porque se abre una vía de acceso mucho más fácil.
Cada año aprueban unas 120 plazas con pruebas muy duras. Ahora se pretende aprobar de golpe a más de mil personas, lo que hace evidente que el examen sería mucho más sencillo. Incluso los propios jueces y fiscales sustitutos, a quienes va dirigida esta propuesta, son en gran parte contrarios a ella.
Existen alternativas que podrían estudiarse, pero el Ministerio, en lugar de dialogar con nosotros y con otros sectores, ha rechazado negociar.
Se podría implementar una solución a la italiana, aunque desde el Ministerio dicen que no.
En el llamado cuarto turno, el acceso a la carrera judicial y fiscal exige mérito y capacidad, reforzando la calidad de quienes entran. Nada que ver con el dictamen que ahora se plantea, que tendría que ser mucho más sencillo para permitir aprobar a tantas personas.
Aunque desde el Ministerio se da por hecho que la mayoría entrará, en realidad la decisión corresponde a la Comisión de Selección, donde participan el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el propio Ministerio de Justicia. No es tan automático como se quiere hacer ver.
Cada año cuesta cubrir 200 plazas porque las pruebas son muy exigentes. Pretender aprobar de golpe a más de mil personas en un solo año demuestra que el examen no podría mantener el mismo nivel de dificultad, por mucho que intenten convencernos de lo contrario.
La huelga de tres días que protagonizaron ustedes y los fiscales, ¿fue un éxito?
La huelga fue un éxito en participación, pero el Gobierno y el ministro de Justicia la usaron en nuestra contra. Eso me dolió especialmente, porque demostraron falta de respeto hacia los jueces y hacia lo que reclamábamos: mejorar una ley que, a nuestro juicio, ponía en riesgo la independencia judicial.
El Ministerio se negó a escucharnos. Como comité de huelga pedimos reunirnos en varias ocasiones, antes, durante y después de la protesta, y nunca aceptaron. Desde mi experiencia como laboralista, resulta incomprensible: en cualquier conflicto, lo normal es que el empleador se siente a negociar para resolverlo.
En lugar de eso, dejaron que la huelga se desarrollara y aprovecharon la situación para construir un relato político favorable a sus intereses, con la pasividad del Consejo General del Poder Judicial, que optó por mirar hacia otro lado.
Lo que no está prohibido está permitido.
El Consejo se lavó las manos, como Poncio Pilatos. Es triste decirlo, pero casi hubo que agradecer que no prosperara una moción que pretendía sancionar a los jueces que participaron en la huelga.
Habría sido un disparate, más aún, viniendo del sector progresista, que en otras etapas también recurrió a la huelga, como cuando gobernaba el Partido Popular. Por suerte, esa propuesta no salió adelante.
No se tomaron ustedes muy bien las declaraciones de Bolaños instándoles a que identificaran a los que habían hecho huelga.
Me lo tomé muy mal. Plantear que el comité de huelga debía entregar un listado con los jueces que la secundaron era un absurdo jurídico. Además, ellos sabían que ya habíamos informado a la carrera judicial y fiscal de que, de forma voluntaria, quien quisiera podía comunicar su participación para llevar un simple seguimiento estadístico.
Ese correo fue público para jueces, vocales del Consejo General del Poder Judicial e incluso para el propio secretario de Estado.
Todos los mensajes se eliminaban tras recibirlos, precisamente para evitar cualquier mal uso que pudiera acarrear responsabilidades penales. Por eso, pedirnos ese listado no solo era ilegal, sino una muestra de desconocimiento absoluto.
¿Los puentes con el Ministerio están rotos?
Sí, los puentes con el Ministerio están absolutamente rotos.
«La huelga de jueces y fiscales fue un éxito en participación, pero el Gobierno y el ministro de Justicia la usaron en nuestra contra. Eso me dolió especialmente, porque demostraron falta de respeto hacia nosotros y hacia lo que reclamábamos: mejorar una ley que, a nuestro juicio, ponía en riesgo la independencia judicial».
Entre ustedes, las asociaciones, guardan silencio en torno al cambio de postura de JJpD sobre la elección de los 12 vocales jueces. Desde 2014 y casi hasta 2022, defendieron, junto el resto, que la carrera los eligiera por voto secreto y directo. Sin embargo, ahora sostienen justo lo contrario. Como antes. ¿A qué cree que se debe este cambio de postura?
Desde un punto de vista humano lo entiendo: si los vocales judiciales fueran elegidos directamente por los jueces, algunas asociaciones desaparecerían del Consejo General del Poder Judicial. No por falta de apoyo, sino porque su número de asociados es reducido y en un sistema mayoritario no lograrían representación.
Ellos lo saben. De hecho, han tenido más vocales de los que les correspondería por pura proporcionalidad. En cambio, el sistema que proponemos junto con Foro Judicial Independiente sí abriría la puerta a que pudieran entrar, pero con una representación ajustada a su peso real.
Eso significa que nunca tendrían los cinco vocales que han llegado a tener, porque esa cifra no refleja la realidad de la carrera judicial. Es lógico que se resistan a cambiarlo.
De acuerdo con los planes del Ministerio, el objetivo, de aquí a tres años se va a aumentar el número de miembros de las carreras judicial y fiscal en 1.440. Sin embargo, en 2030, un tercio de la carrera judicial, 1.833 de 5.500, se va a jubilar.
De hecho, muchos jueces se están jubilando ya, de forma anticipada, agotados por la enorme carga de trabajo. Los 1.440 nuevos previstos no serán suficientes; harán falta muchos más. Si se suman las jubilaciones por edad y las anticipadas, que cada vez son más, el resultado puede ser la pérdida de más de un tercio de la carrera judicial.
Los distintos ministros de Justicia conocen este problema desde hace años, porque se lo hemos transmitido en informes y en reuniones, pero no han hecho nada. Es un abandono consciente de la justicia.
Mientras la población crece, el número de jueces disminuye, lo que impide ofrecer un servicio rápido y de calidad. Eso erosiona la confianza ciudadana y alimenta la idea de que los jueces son un obstáculo, algo que los poderes políticos aprovechan para debilitar al Poder Judicial.
Ustedes han sido muy críticos con la reforma que implica la implantación de los tribunales de instancia. ¿Por qué?
La situación en muchos juzgados ya es caótica: falta organización, no se sabe dónde están los funcionarios y los problemas se multiplican. La segunda fase de la reforma, que afecta a ciudades más grandes, empezará en Madrid el 1 de enero y puede ser aún peor.
Se presenta como la gran de la justicia, pero ha nacido de la soberbia del Gobierno: no se ha escuchado a jueces, letrados, funcionarios, abogados ni procuradores. Una reforma tan importante debería haberse construido con diálogo, con responsabilidad compartida, y no ha sido así.
El riesgo de colapso es real y podría obligar a retrasar la tercera fase. De hecho, en algunas comunidades los propios consejeros de Justicia dudan de que sea posible aplicarla en la fecha prevista.
En Canarias han implementado ya los tribunales de instancia en los partidos judiciales que tienen la naturaleza mixta.
La primera fase ya se ha puesto en marcha y ahora llega la segunda, la más importante, en lugares como San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria o Arrecife.
El sentir mayoritario entre los jueces es de gran preocupación: se teme un caos en el funcionamiento diario de los nuevos Tribunales de Instancia.
¿Y los métodos alternativos de solución de conflictos?
Siempre vemos con buenos ojos las medidas que intenten reducir la altísima litigiosidad en España, que no deja de crecer. Ojalá funcionen, aunque soy poco optimista.
De momento, lo único claro es que han retrasado la resolución de muchos casos: quienes se han visto obligados a acudir a los MASC (métodos alternativos de solución de conflictos) tendrán que esperar meses extra para que su juicio se celebre. Eso ya afecta al derecho de los ciudadanos a una justicia rápida y efectiva.
Dentro de poco más de un mes va a terminar este periodo al frente de la portavocía de la AJFV. ¿Cuál es su balance tras dos años intensos?
Este ha sido uno de los periodos más difíciles de nuestra democracia para una asociación judicial.
El Comité Nacional ha trabajado al máximo para defender los intereses de la carrera judicial, mejorar nuestras condiciones profesionales y reafirmar el papel del juez como servidor público al servicio de la ciudadanía.
¿Qué le duele no haber logrado?
Me duele no haber logrado mejoras en las condiciones de los jueces: el pago de las guardias sigue siendo simbólico, quedan pendientes ajustes en los grupos poblacionales y en ciertos complementos.
Durante los últimos dos años nos hemos centrado en defendernos de los ataques de otros poderes del Estado, y eso ha impedido avanzar en lo demás.
Una de las asignaturas aprobadas por la AJFV sin duda ha sido la de la comunicación. Supongo que esto, desde el punto de vista familiar, le habrá pasado factura…
Mi mujer cuenta los días para que termine mi mandato: ella y nuestros dos hijos han sufrido mucho por los viajes. Porque, claro, soy canario, he viajado muchísimo.
Recientemente hicimos un recuento de los vuelos que he tenido que hacer en estos últimos cuatro años, los dos primeros formando parte del Comité Nacional y los dos restantes como portavoz, y me salían entre 150 y 200 vuelos.
No creo que en el futuro vuelva a volar tanto como en estos cuatro años. Estoy cansado y con ganas de cerrar esta etapa, pero al mismo tiempo siento una nostalgia positiva: en cada acto o entrevista pienso que puede ser la última y me quedo con los buenos recuerdos, no con los malos.
Ahora me toca descansar y tomar distancia del circuito asociativo. Espero con ilusión que llegue ese momento.
«Las estadísticas muestran que solo un 5 % de los jueces tienen un padre o madre juez o fiscal. Por eso, la idea de que nuestra profesión es endogámica —es decir, que solo se transmite dentro de las mismas familias— es un error. En realidad, jueces y magistrados reflejamos la diversidad de la sociedad a la que pertenecemos».
De asumir la posición del jarrón chino.
Para mí lo más importante, cuando haya dejado la portavocía y el Comité Nacional, es ser leal con los compañeros que asuman esta responsabilidad.
Sé lo difícil que es estar ahí, porque en la asociación conviven muchas formas de pensar. Siempre la comparo con un caldero al fuego: no puede hervir ni enfriarse, y mantener ese equilibrio es muy complicado.
¿Cuál era la profesión de su padre?
Era maestro.
¿Hay alguien de su familia que tenga relación con la Justicia?
Mi madre. Fue oficial de juzgado y luego, por vía interna, llegó a ser letrada de la Administración de Justicia.
¿Por qué decidió ser juez, teniendo en cuenta que la oposición es una de las más duras?
Fui buen estudiante y, de niño, mi madre me llevaba a su trabajo. Allí conocí a un juez, Sebastián Moya, hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla. Ver cómo ayudaba a la gente a resolver sus problemas me hizo desear seguir ese mismo camino. Ayudar a la gente.
O sea, que el magistrado Sebastián Moya fue quien le inspiró.
En efecto, me inspiró para ser lo que soy hoy, juez.
¿Y por qué se afilió a la Francisco de Vitoria?
Fray Francisco de Vitoria fue un humanista y jurista considerado el padre del derecho internacional. Defendió los derechos de los pueblos indígenas en América frente a quienes querían explotarlos como esclavos. Es, por tanto, una figura clave en la historia del derecho.
Cuando aprobé la oposición para juez, busqué una asociación en la que sentirme orgulloso de pertenecer. No me interesaba una organización vinculada a partidos políticos, como ocurre en otras asociaciones judiciales que, de un modo u otro, han estado ligadas al Partido Popular o al Partido Socialista en las últimas décadas.
Para mí era esencial trabajar en la mejora de la profesión judicial desde un espacio libre de etiquetas ideológicas. La Asociación Francisco de Vitoria ofrecía precisamente eso, y por eso decidí unirme a ella.
Es usted consciente de que la mayor parte de la ciudadanía cree que todos los jueces son hijos de jueces, que la endogamia es de caballo.
Las estadísticas muestran que solo un 5 % de los jueces tienen un padre o madre juez o fiscal. Por eso, la idea de que nuestra profesión es endogámica —es decir, que solo se transmite dentro de las mismas familias— es un error. En realidad, jueces y magistrados reflejamos la diversidad de la sociedad a la que pertenecemos.
No sabemos que va a suceder, evidentemente, pero, ¿qué consejo le daría a su sucesor o sucesora?
Que sea valiente. Que no tenga miedo a defender la independencia judicial y que no tenga miedo a ser independiente del resto de asociaciones judiciales.
Porque a veces llevar una voz distinta implica sacrificios gigantes, críticas internas. Pero creo que es fundamental que la Asociación Judicial Francisco Victoria siga siendo única, que es lo que nos hace especial.
