La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al magistrado titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, un informe clave en el que acredita que Cristina Álvarez, asesora en la Secretaría General de Presidencia, se encargó de manera constante de los asuntos privados de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El análisis policial se basa en 121 correos electrónicos aportados por el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, e incluye intercambios tanto con Álvarez como con la propia Gómez.
Según la UCO, los mensajes muestran que la asesora actuó como gestora habitual de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que Gómez dirigió en la Complutense entre 2019 y 2024. Esto sustenta la causa abierta por Peinado por supuesta malversación de fondos públicos contra Gómez, Álvarez y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ex secretario general de Presidencia.
Los correos, fechados entre abril de 2021 y junio de 2024, reflejan que Álvarez coordinaba patrocinios, convenios y adendas con empresas del Ibex-35 como Mercadona, Indra, Reale Seguros, Fundación ONCE o La Caixa, además de entidades como Mindway o Google.
Los mensajes también recogen comunicaciones telefónicas gestionadas por Álvarez en nombre de Gómez con empresas e instituciones, lo que, según los investigadores, confirma que la asesora asumía tareas privadas de forma reiterada.
El magistrado Peinado investiga si estas actividades, realizadas mientras Álvarez cobraba un sueldo público en Moncloa, constituyen un delito de malversación de caudales públicos.
La sospecha es que la asesora dedicó recursos y tiempo de su puesto institucional a gestionar la financiación de un proyecto académico privado.
Los correos, fechados entre abril de 2021 y junio de 2024, reflejan que Álvarez coordinaba patrocinios, convenios y adendas con empresas del Ibex-35 como Mercadona, Indra, Reale Seguros, Fundación ONCE o La Caixa, además de entidades como Mindway o Google.
UN PATRÓN DE DEDICACIÓN CONSTANTE DE ÁLVAREZ SOBRE LOS ASUNTOS DE BEGOÑA GÓMEZ
A raíz del análisis de los correos, el magistrado decidió transformar las diligencias previas en un procedimiento por el Tribunal del Jurado, un trámite que se aplica a los delitos de malversación y que abre la vía a un eventual juicio oral.
En sus declaraciones ante el juez, Gómez defendió que la participación de Álvarez en sus proyectos fue únicamente como “favor personal” y en momentos puntuales. Argumenta que la relación de amistad de más de veinte años entre ambas explica que la asesora la ayudara de forma desinteresada.
No obstante, el informe de la UCO describe un patrón de dedicación constante, con correos en los que Álvarez incluso firma en nombre de Gómez y viceversa, y donde se gestiona directamente la obtención de financiación para la cátedra.
La Fiscalía, por su parte, ha expresado dudas sobre si estos hechos encajan realmente en un delito de malversación, mientras que las acusaciones populares —entre ellas, Hazte Oír— sostienen que los correos constituyen una prueba determinante de un uso indebido de recursos públicos.
El caso de Begoña Gómez ha ido ganando complejidad en las últimas semanas. A la línea de investigación sobre la Complutense se suma la decisión del juez de reclamar correos electrónicos de la asesora con el Instituto de Empresa (IE), donde Gómez también trabajó, y los intercambiados desde la cuenta oficial de Moncloa de la esposa del presidente desde 2018.
Además, un informe de la Intervención General del Estado concluyó recientemente que los contratos para los que Gómez emitió cartas de recomendación a favor de empresas privadas se adjudicaron “incumpliendo la ley”, lo que podría añadir nuevos frentes judiciales.
