El subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, periódico cuya información del 13 de marzo de 2024 fue el fulminante que hizo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, movilizara a su gente para elaborar la nota de prensa, origen de esta causa –entre otras cosas–, ha declarado que no dispuso de un correo electrónico anterior que no dejaba duda de que la oferta de acuerdo de conformidad había partido del abogado de Alberto González Amador y no del fiscal de delitos económicos.
Gonzalez Amador es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Urreiztieta, asimismo, también ha negado haber visto la nota de prensa ordenada por el fiscal general del Estado antes de que esta fuera distribuida por la Fiscalía Superior de Madrid a la mañana siguiente.
El procedimiento en el Supremo analiza dos hechos: la filtración del correo a la Cadena SER y la orden de difundir la nota de prensa con detalles de las conversaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, considerados secretos. Razón por la cual García Ortiz está imputado por un delito de revelación de secretos, por lo que está siendo juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El periodista explicó cómo construyó su información, que tituló «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso», y que según apuntó, se basó en un correo remitido el día anterior, 12 de marzo, por el fiscal de delitos económicos, Julián Salto al abogado de González Amador, Carlos Neira.
Su literal —afirmó— evidenciaba “un ofrecimiento” del fiscal Salto para alcanzar un pacto: “Podemos debatir el verbo, pero era una invitación a llegar a un acuerdo”, señaló. Aseguró que todos los datos publicados eran “auténticos, veraces y contrastados con varias fuentes”.
Urreiztieta quedó convencido de que el ofrecimiento era del fiscal al abogado y no al revés, que es lo que el fiscal general del Estado quiso aclarar con la nota de prensa en cuestión.
El periodista no supo, en el momento de la publicación de su información, que el 2 de febrero anterior Carlos Neira le había enviado un correo electrónico con la propuesta de conformidad al fiscal Salto.
Frente a las insistencias de la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, Urreiztieta invocó su deber de reserva y rehusó revelar las fuentes.
Rechazó además que la publicación dañara el prestigio del Ministerio Fiscal: “¿Qué hay de perjudicial en contar que el día anterior un fiscal ofreció negociar un acuerdo de conformidad?”, dijo. También precisó que El Mundo nunca publicó que el supuesto pacto fuera frenado por “órdenes superiores”, extremo que —admitió— no tenía confirmado.
Una afirmación que hizo el día anterior el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, según su propia deducción, declaró.
Esta publicación es el punto cero, el origen que dio pie a la incoación de este procedimiento contra el fiscal general del Estado, sentado hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo.
En la sesión de tarde declaró José Precedo, periodista de eldiario.es, quien afirmó haber tenido el correo de confesión desde el 6 de marzo de 2024, aunque su medio fue “el último” en publicarlo, seis días después, citando a la SER.
Alegó que su fuente no le permitió exhibir el documento: “Sé quién es la fuente. No la voy a revelar por secreto profesional”, sostuvo. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le reprendió: “Una cosa es no decirlo y otra amenazar con que lo sabe”.
Por su parte, Alfonso Pérez Medina (La Sexta) también se acogió al derecho a no revelar fuentes. Admitió haber accedido al contenido del correo, pero no precisó cuándo ni cómo.
El letrado de González Amador cuestionó por qué Pérez Medina incluyó inicialmente el delito de falsedad documental en su información, cuando dicho ilícito no figuraba en el correo enviado el 2 de febrero por Neira al fiscal Salto.
El periodista reconoció un “error” y afirmó haber corregido la pieza al día siguiente.
Finalmente, periodistas de Vozpópuli y Libertad Digital comparecieron en la sesión de la mañana y, de igual forma, invocaron su derecho constitucional a no revelar sus fuentes en relación con las informaciones sobre un supuesto bloqueo interno al pacto.
