El PSOE ha presentado una Proposición de Ley ante el Congreso de los Diputados, con el fin de que jueces y magistrados puedan ser apartados en caso de posicionarse políticamente. Una proposición que ya realizaron en enero de este mismo año, y que busca, según destaca el documento socialista, defender la independencia del Poder Judicial.
Este pasado 2 de noviembre, el PSOE presentaba ante el Parlamento una proposición de ley orgánica. Un documento centrado en reformar el Código Penal, teniendo como foco principal a los jueces y magistrados.
Así pues, desde el partido socialista se proponía «abstención y recusación» de estos profesionales de la Justicia que muestren su posicionamiento político. En concreto, cuando estos «realicen manifestaciones públicas, invocando su condición o sirviéndose de la misma, contra actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas».
Actuaciones que, para los socialistas, «pueden afectar a su apariencia de imparcialidad». Y que, por tanto, deben llevar a la recusación del juez, ya que podrían afectar «a la propia imagen de independencia del Poder Judicial».
Una proposición de los socialistas que, sin embargo, no es nueva. Y es que es la segunda vez que este objetivo se presenta ante el Congreso de los Diputados. La primera de ellas se produjo en enero de 2025, yendo acompañada de la modificación de las acusaciones populares, ahora incorporada en el nuevo texto de la LeCrim.
El silencio político de los jueces
«Se trata de evitar comprometer o perjudicar la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene el justiciable sobre la neutralidad de la administración de Justicia», defendía el PSOE en su texto de enero de 2025.
Un documento en el que estipulaba esta «nueva causa de abstención y recusación» a jueces y magistrados que «en su calidad de representantes de un poder del Estado, puedan afectar a su apariencia de imparcialidad cuando exterioricen manifestaciones públicas censurando, o mostrando acuerdo o desacuerdo, con las actuaciones institucionales públicas o sus representantes».
Una regulación de abstención que busca convertirse, según el PSOE en una «salvaguardia de los principios de independencia, integridad e imparcialidad en la impartición de la justicia».
En concreto, la propuesta de Ley incluye hasta 17 escenarios posibles para la abstención y recusación de estos jueces y magistrados. Entre ellos, vinculo matrimonial o parentesco. También «haber ocupado cargo público o administrativo» o «haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda».
Planteamientos que buscan el silencio político de los jueces. Ello, en aparente «defensa» de la independencia Judicial, en un momento de máxima tensión entre la el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo-Legislativo. No sólo por las causas abiertas contra el Fiscal General del Estado o la mujer del presidente del Gobierno. También en problemáticas judiciales como la reforma de la entrada a la Carrera Judicial y Fiscal.
