Santos Cerdán se ha dirigido al Tribunal Supremo (TS) para reclamar tiempo o, más bien, que deje de pasar sin respuestas—. El exsecretario de Organización del PSOE ha pedido al juez instructor del conocido como ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, que impulse de una vez el informe sobre su patrimonio, una diligencia que, según su defensa, se demora injustificadamente y está erosionando su derecho fundamental a la presunción de inocencia.
En un escrito al que ha dirigido al alto tribunal, los abogados de Cerdán solicitan al magistrado que adopte medidas para proteger ese derecho, denunciando la falta de entrega del informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
A su juicio, esa ausencia de conclusiones «concretas y definidas» está permitiendo que las sospechas se consoliden en la opinión pública como certezas, pese a no existir —sostienen— material probatorio que acredite su culpabilidad.
Es «ineludible» que la UCO entregue el informe patrimonial
La defensa subraya el impacto mediático de la investigación desde que se conocieron los primeros informes policiales. Desde entonces, aseguran, se han publicado «todo tipo de atribuciones delictivas» que no solo afectan a Cerdán, sino también a su familia. Y matizan: no se trata de invenciones periodísticas, sino de informaciones extraídas parcialmente de atestados de la Guardia Civil y de resoluciones judiciales dictadas por el propio Supremo.
De ahí que consideren «ineludible» que se requiera a la mayor brevedad a los agentes para que incorporen a la causa el resultado de la investigación patrimonial. Según explican, no existe otra vía para corregir la situación, ya que la protección civil del honor resulta inviable cuando los medios se limitan a reproducir, bajo el formato de reportaje neutral, el contenido de documentos judiciales.
Como ejemplo, citan el auto que acordó su ingreso en prisión provisional el pasado julio —medida revocada en noviembre—, en el que se afirmaba que Cerdán «podría haber recibido al menos 4,5 millones de euros». Una afirmación que, denuncian, no puede quedar «en el aire»: o debe ser confirmada por la Policía Judicial o expresamente descartada.
La misma crítica extienden a la atribución de una participación del 45% en la empresa Servinabar, señalada por los investigadores como una supuesta sociedad pantalla para el cobro de sobornos vinculados a adjudicaciones de obra pública. La defensa niega tanto esa titularidad como el carácter instrumental de la mercantil.
En uno de sus últimos informes, la UCO sostiene que Cerdán y su “entorno familiar” se habrían beneficiado de Servinabar mediante nóminas, alquileres de viviendas y el uso de una tarjeta de crédito. Precisamente por el alcance de estas afirmaciones, sus abogados insisten en que el retraso en cerrar la investigación patrimonial no es neutro: prolonga la sospecha y convierte la falta de concreción en un juicio paralelo difícil de revertir.
