Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que incorpora la responsabilidad penal a la persona jurídica, las empresas han ido acomodando sus estructuras y sus políticas de cumplimiento a sistemas que prevengan y eviten riesgos que puedan acabar con su valor reputacional e incluso con el negocio