Destaca que la nueva ley "no es retroactiva" y que, por tanto, puede completar los nombramientos de altos cargos judiciales que inició antes de su entrada en vigor el 30 de marzo.
Afirma que existe una "vulneración de derechos fundamentales" por parte del Ministerio de Justicia y no descarta ningún tipo de acción legal contra "este atropello antidemocrático".
