Afirma que el CGPJ está "perjudicando gravemente" el interés público, que exige cubrir las vacantes, así como los legítimos intereses de los candidatos.
Plantea impedir o limitar el regreso a la función judicial de jueces en cargos políticos y hacer inelegible para el cargo de fiscal general del Estado o vocal del CGPJ a quien haya tenido vínculos políticos en los últimos 10 años.
