La nueva norma actualiza el protocolo establecido en 1997, responde a las necesidades actuales y lo adapta a los cambios producidos desde entonces en la legislación.
La CEP destaca que ninguno de los condenados entrará a prisión y que la indemnización es “testimonial”, lo que, a su juicio, es “una prueba más de que el Código Penal “fomenta la impunidad de los violentos”.
