Son 15 sentencias del Supremo que marcan el devenir de las múltiples demandas que quedan por celebrarse contra el cártel de camiones en los tribunales españoles.
El TS establece que no corresponde a la LAJ determinar la relevancia informativa de las sentencias, sino a los profesionales de la información de las oficinas, a los que se les ha confiado la tarea.
Destaca que es ofensivo, vejatorio, sectario y una humillación sin precedentes para los profesionales de la seguridad pública y demás trabajadores de la Administración Central del Estado.
