Acuerda, por el contrario, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al exdirector general de Trabajo Juan Márquez Contreras.
Esta posible reforma favorecería a independentistas, exdirigentes socialistas del caso de los ERE de Andalucía o políticos de la trama Gürtell y caso Nóos.
"Pactar leyes para evitar el cumplimiento de las penas en delitos graves es una forma de corrupción del Estado de Derecho difícilmente imaginable para la UE, pero es real".
