El Consejo de la Abogacía de Castilla y León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León han puesto en relieve las reclamaciones de los abogados de la comunidad autónoma.
Los recurrentes son siete funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y prestan servicio en la Unidad de Atención a la Familia y la mujer en Gran Canaria.