Concluye que no procede ninguna rectificación en relación a la pena ya que está explicado “con suficiente claridad" todo lo relativo a la imposición de la misma y su accesoria.
Responde así a una pregunta realizada por Edmundo Bal (Cs) sobre las consecuencias de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en el acceso a la justicia gratuita.
Concluye que era contrario a la legislación europea debido a su carácter "discriminatorio", puesto que recaía sobre determinadas compañías y eximía a otras.
