Expertos en Derecho Administrativo y Constitucional consideran que las CCAA no tienen la potestad suficiente para tomar decisiones que limiten los derechos fundamentales de los ciudadanos tras el estado de alarma.
Los vocales de la AF afirman que con ello, la fiscal general culmina una "estrategia para procurarse una Junta de Fiscales de Sala que no le depare sobresaltos".
