La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia rechaza así en un auto, contra el que cabe recurso de súplica, la querella del Ministerio Fiscal.
Boye y otros dos letrados están procesados por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.
Es partidaria de prescindir de "todo lo que no sea eminentemente político" al considerarlo "dificultades" y "piedras en un camino" que el Gobierno va a recorrer "sí o sí".
