El tribunal reconoce la existencia de un precontrato laboral tras una oferta de empleo frustrada y condena a la empresa a indemnizar con 8.927 euros a la trabajadora afectada.
Desde el 14 de noviembre, el RD 893/2025 exige a los empleadores del hogar evaluar riesgos laborales y ofrecer formación preventiva a las trabajadoras.
