El partido de Santiago Abascal también pide que se desarrolle y apruebe un Estatuto General de los funcionarios de prisiones para que se les reconozca como agentes de autoridad, se les dote de medios suficientes que garanticen su seguridad y se les abone una retribución digna.
El nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado y la intención del Gobierno de modificar los delitos de sedición y rebelión lo dificultan.
