La Comisión Permanente estima que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, permiten esta posibilidad.
Cuando este se vea afectado por las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma ante la pandemia de coronavirus COVID-19 y siempre que no haya acuerdo entre los progenitores.