Cs ha presentado una denuncia contra el ministro ante la FGE por prevaricación y desobediencia, y el PP ha pedido en un juzgado que no se destruyan las grabaciones de la T4.
Las presentó entre 2016 y finales de 2018 tanto en Italia como en España y fueron unificadas en un solo procedimiento; el pasado marzo fueron archivadas por la Fiscalía.
Por presuntamente "abusar" de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580 euros de un viaje como observador del referéndum de Nueva Caledonia.