Jordi Pina ha comenzado su alegato dudando de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente del tribunal de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor del caso, Pablo Llarena.
Los interrogatorios se centrarán en acreditar la existencia o no de violencia durante el referéndum del 1-0 y el 20 de septiembre de 2017, cuando tuvo lugar la concentración frente a la Consejería de Economía.
"Sus falsedades crean inseguridad jurídica, ahuyentan inversiones y frenan la economía", advierte esta asociación que agrupa a más de 500 empresarios y directivos catalanes.
Dolores Delgado comunicará a las 7 asociaciones de jueces y fiscales, que los 7 millones para retribuciones variables de ambas carreras tienen luz verde.
