Defiende que, como cualquier persona, el preso tiene derecho a recibir atención médica adecuada. No obstante, asegura que sus necesidades médicas fueron repetidamente ignoradas.
“La garantía de indemnidad opera en aquellos casos en que un trabajador sufre una represalia por haber ejercido su derecho de reclamación de manera legítima, no en cualquier manifestación de desacuerdo", subraya la sentencia del TSJM.
Muchos abogados, procuradores y graduados sociales han perdido sus despachos, expedientes y medios de transportes, lo que hace imposible la gestión de los procedimientos judiciales que representan.
