Incluye la creación de un cuerpo de Alta Inspección Educativa "para garantizar el fin de la segregación lingüística", y una ley de Lenguas que blinde, tutele y defienda la libertad de elección y de acceso a la función pública, sin que el idioma sea un requisito.
Denuncia violación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe la discriminación por lengua, y la actitud del gobierno catalán, "que da alas a los que quieren la confrontación”.
